La Casa Rosada ha marcado una postura definitiva respecto al proyecto de modernización laboral que se debatirá en las sesiones extraordinarias de febrero. El Ejecutivo confirmó que el capítulo sindical, que incluye la regulación de la representación gremial y las modificaciones en los convenios colectivos, se mantendrá sin cambios, cerrando cualquier posibilidad de acuerdo con la CGT.
La estrategia del presidente Javier Milei busca blindar los artículos que limitan el poder sindical y fomentan la negociación por empresa, considerándolos innegociables para el «espíritu» de la reforma. En contraste, el Gobierno ha mostrado una apertura pragmática en el capítulo tributario, con el fin de asegurar el respaldo de los gobernadores en el Congreso.
La negociación fiscal con las provincias
El principal punto de discordia con los mandatarios provinciales no es laboral, sino impositivo. La reforma propone una reducción en el Impuesto a las Ganancias para sociedades, lo cual genera un impacto directo en la coparticipación:
- Costo fiscal: Se estima que la medida restaría entre $1,1 y $1,7 billones a las arcas provinciales.
- El reclamo: Los gobernadores exigen mecanismos de compensación (como la coparticipación del impuesto al cheque) o que se postergue la baja del tributo para no desfinanciar sus presupuestos 2026.
- La postura oficial: El ministro del Interior, Diego Santilli, lidera las reuniones para ofrecer «retoques mínimos» o esquemas de transición que no afecten la meta de equilibrio fiscal nacional.
Tensión con los gremios industriales
Mientras el Gobierno minimiza la posibilidad de un conflicto mayor, los gremios industriales han elevado el tono de sus advertencias. Sectores como la UOM y SMATA presionan a la cúpula de la CGT para convocar a un paro nacional antes del 11 de febrero, bajo el argumento de que la reforma es «regresiva en su totalidad».
Pese a esta presión, desde el entorno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostienen que la modernización es «revolucionaria» y necesaria para adaptar el mercado de trabajo al siglo XXI. El Ejecutivo apuesta a que la fragmentación interna de la CGT —donde los gremios de transporte aún no se pliegan al paro— le permita avanzar con la sanción de la ley en los tiempos previstos.
Puntos clave del proyecto que no tendrán cambios
- Cuota litis y juicios: Se limita al 20% y se prohíben acciones civiles paralelas para reducir la litigiosidad.
- Convenios Colectivos: Fin de la ultraactividad en componentes variables del salario (bonos y premios) si no se renegocian.
- Aportes a Obras Sociales: El Gobierno insiste en sostener la reducción de la contribución patronal del 6% al 5%, pese al rechazo sindical por el desfinanciamiento del sistema de salud.