En un encuentro de alto voltaje político, las centrales obreras CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores ratificaron este jueves 22 de enero de 2026 su rechazo absoluto al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. Durante la Mesa Ejecutiva del Foro de Defensa del Derecho del Trabajo, las organizaciones calificaron la iniciativa como un «grave retroceso» que busca desmantelar conquistas históricas bajo la premisa de la modernización.
Las centrales advirtieron que la reforma no solo precariza el empleo, sino que debilita al Estado en su rol de garante de los derechos fundamentales.
Los puntos críticos que alimentan el conflicto
El análisis técnico realizado por el Foro y las CTA identifica varios artículos del proyecto oficialista como «amenazas directas» a la estabilidad laboral:
- Indemnizaciones y Fondo de Cese: La creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con un aporte obligatorio del 3%, es visto como un intento de sustituir el sistema de indemnizaciones por despido sin causa, limitando el resarcimiento económico de los trabajadores.
- Banco de Horas y Jornada de 12 Horas: El proyecto habilita la extensión de la jornada diaria hasta un máximo de 12 horas mediante esquemas de compensación, lo que para los sindicatos diluye el concepto de horas extras y afecta el descanso.
- Salario Dinámico por «Mérito»: La introducción de componentes salariales atados a la productividad individual es cuestionada por considerar que otorga discrecionalidad unilateral al empleador y debilita las paritarias.
- Derecho a Huelga y Servicios Esenciales: La reforma amplía la lista de «servicios trascendentales» (incluyendo transporte, educación y bancos) que deben garantizar guardias de hasta el 75%, lo que en la práctica anula la efectividad de las medidas de fuerza.
Hoja de ruta: resistencia y cumbre en febrero
Ante este escenario, las CTA acordaron fortalecer las redes de articulación con sectores académicos, legisladores y organizaciones sociales para frenar el avance de la ley en el Congreso. La estrategia incluye:
- Campaña de difusión: Explicar el impacto de la letra chica del proyecto en cada puesto de trabajo.
- Presión institucional: Involucrar a juristas y expertos para impugnar la constitucionalidad de ciertos artículos, como la limitación de reclamos civiles por daños y perjuicios.
- Movilización: Se estableció el compromiso de realizar una reunión presencial a principios de febrero para definir un calendario de protestas y acciones gremiales.
Mientras el Gobierno asegura contar con los votos necesarios para la aprobación en el Senado —prometiendo incluso cambios de último minuto para seducir a gobernadores—, el sindicalismo opositor se prepara para un inicio de año marcado por la conflictividad en las calles.