El proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, que fuera presentado por el presidente Javier Milei ante empresarios en el Foro de Davos, enfrenta su primer gran foco de conflicto en suelo argentino. El Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social emitió un comunicado categórico donde afirma que la iniciativa «atrasa más de 100 años» y amenaza con llevar las condiciones de empleo a niveles del siglo XIX.
Esta coalición, que nuclea a las tres centrales obreras (CGT, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma) junto a asociaciones de abogados y jueces, declaró el proyecto como «inadmisible» por violar la Constitución Nacional y tratados internacionales de la OIT.
Los puntos más críticos de la denuncia
El colectivo de especialistas y sindicalistas fundamentó su rechazo en tres ejes que consideran «trágicos» para el sistema social argentino:
- Inconstitucionalidad: Sostienen que el texto vulnera los Derechos Humanos básicos y el principio de progresividad, al proponer una regresión en las conquistas laborales históricas.
- Ataque a la Justicia: El exjuez Roberto Pompa advirtió que el intento de eliminar o debilitar la Justicia Nacional del Trabajo busca dejar a los empleados sin instancias de reclamo efectivas ante abusos patronales.
- Precarización: Matías Cremonte (Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas) señaló que el abaratamiento de despidos y la modificación de las jornadas laborales dejarán a los trabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad.
Acciones de resistencia en todo el país
El rechazo no se limitará a las declaraciones públicas. El Foro anunció el inicio de un plan de lucha federal que incluye las siguientes medidas inmediatas:
- Reuniones con Gobernadores: Se buscará presionar a los mandatarios provinciales para que sus legisladores no acompañen el proyecto en el Congreso.
- Cabildeo Parlamentario: Encuentros con bloques de diputados y senadores para exponer los riesgos técnicos y sociales de la ley.
- Movilizaciones territoriales: Acciones de protesta coordinadas en las principales provincias del país para visibilizar el malestar de los sectores afectados.
El avance de esta reforma se perfila como la principal batalla política del primer trimestre de 2026, enfrentando directamente la agenda de «modernización» del Gobierno con el modelo de protección social defendido por los sindicatos tradicionales.