En una decisión de fuerte impacto institucional, la Administración de Parques Nacionales dispuso la intervención del Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. La medida surge como respuesta directa al avance descontrolado de un incendio forestal que se inició el pasado 8 de diciembre —originado por un rayo en la zona del Lago Menéndez— y que ya ha consumido más de 10 mil hectáreas de bosque nativo.
El objetivo oficial de esta intervención es centralizar la conducción operativa y reforzar la logística para combatir un fuego que, debido a las condiciones climáticas adversas, aún no ha podido ser contenido.
Un escenario de tensión política y gremial
La medida llega tras una escalada de críticas hacia la conducción previa del parque, encabezada por los siguientes actores:
- Ignacio Torres (Gobernador de Chubut): Exigió públicamente una acción más firme del Estado nacional para «encauzar la respuesta» ante la emergencia y normalizar la gestión del área protegida.
- Cámara de Turismo de Chubut: Emitió un duro pronunciamiento contra las autoridades desplazadas, acusándolas de «incumplimiento de los deberes de funcionario público», negligencia y falta de previsión estratégica.
- Deficiencias señaladas: El sector privado y el gobierno provincial denunciaron una subestimación del riesgo inicial, demoras críticas en la solicitud de aviones hidrantes y una comunicación institucional deficiente.
El operativo en el terreno
Pese al cambio en la dirección, la lucha contra el fuego continúa en condiciones extremas:
- Recursos: Trabajan más de 400 brigadistas en línea de fuego.
- Apoyo: El despliegue incluye helicópteros, aviones hidrantes y autobombas forestales.
- Obstáculos: La persistente falta de lluvias y la compleja topografía de la zona afectada dificultan las tareas de extinción, manteniendo en vilo a las localidades cercanas.
La intervención, ahora bajo la órbita directa de Sergio Martín Álvarez (presidente de Parques Nacionales), buscará mejorar la articulación con los gobiernos locales para frenar un desastre ambiental y económico que ya es considerado uno de los más graves de la última década en la región.