El caso de Roxana Quiroga Sollinger ha encendido las alarmas sobre los protocolos de acompañamiento en situaciones de restitución internacional de menores. La mujer denunció encontrarse en una situación de «extrema vulnerabilidad» en Finlandia, tras haber sido obligada por la Justicia argentina a regresar a Helsinki con su hija de cinco años.

La medida se tomó en cumplimiento de tratados internacionales (como el Convenio de La Haya), pero Quiroga sostiene que las garantías de seguridad y asistencia prometidas en el fallo judicial nunca se materializaron.

Los puntos críticos de la denuncia

• Vulnerabilidad económica y sanitaria: Roxana asegura que actualmente carece de ingresos, cobertura médica y acceso a alimentos suficientes para ella y su hija.
• Antecedentes de violencia: La mujer afirma que su decisión inicial de regresar a Argentina se debió a que fue víctima de violencia de género en el país nórdico. Según su relato, el fallo de restitución no contempló adecuadamente estas condiciones de protección.
• Incumplimiento de resguardos: El fallo judicial argentino incluía medidas de acompañamiento y asistencia que, según la denunciante, fueron ignoradas una vez que aterrizaron en suelo finlandés.

Cuestionamientos a la representación diplomática

Uno de los ejes centrales del reclamo apunta directamente a la Embajada Argentina en Finlandia. Quiroga Sollinger acusó a la sede diplomática de una total falta de respuestas y de no brindar la contención necesaria ante el desamparo en el que se encuentran.

«Llegamos y nos dejaron acá, sin ayuda», expresó Roxana en una entrevista televisiva que dio visibilidad a su situación.

El caso pone nuevamente en discusión la tensión entre el cumplimiento de los tratados de restitución internacional y la protección efectiva de las mujeres y niños que denuncian situaciones de violencia. Mientras tanto, Roxana y su hija permanecen en Helsinki a la espera de una intervención oficial que garantice sus derechos humanos básicos.