En un escenario de creciente tensión fiscal, los mandatarios provinciales y sus aliados se reunirán este miércoles en Buenos Aires para unificar criterios frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. El eje del conflicto es la propuesta de rebaja del Impuesto a las Ganancias para empresas y la reducción de las contribuciones patronales, medidas que los distritos denuncian como un golpe directo a sus recursos coparticipables.
Según los cálculos técnicos de las provincias, la implementación de estos cambios significaría una pérdida superior a los 3 billones de pesos. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo ha intentado bajar el tono de la disputa asegurando que el impacto fiscal fuerte recién se sentirá en 2027 y que la cifra real rondaría los 1,5 billones de pesos.
El fantasma de diciembre y la estrategia legislativa
Los gobernadores buscan repetir la victoria política lograda a fines del año pasado, cuando consiguieron bloquear el Capítulo XI del Presupuesto 2026. En aquella oportunidad, la presión de las provincias obligó a los legisladores a rechazar artículos que afectaban el financiamiento universitario y las leyes de discapacidad.
De cara al tratamiento en el Congreso, los puntos clave de la reunión son:
- Coordinación de bloque: Definir una postura común para influir en la votación del Senado, prevista para el próximo 11 de febrero.
- Alianzas transversales: Buscar el apoyo de mandatarios de diferentes signos políticos que compartan la preocupación por el desfinanciamiento en un año electoral.
- Defensa de las arcas locales: Exigir mecanismos de compensación si el Gobierno insiste en avanzar con las reducciones impositivas que afectan la coparticipación.
Tensión en un año electoral
El conflicto subraya la fragilidad del equilibrio entre las metas de alivio fiscal que busca el presidente Javier Milei y las necesidades operativas de las provincias. Con las elecciones en el horizonte, los gobernadores consideran que cualquier recorte de fondos en 2026 pondría en riesgo la ejecución de obras y el pago de salarios, transformando una discusión técnica en una disputa política de alto voltaje.