El activista de 12 años, Ian Moche, referente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, elevó este viernes un pedido formal a la Cámara de Diputados de la Nación. En la presentación, solicita que se aplique una sanción disciplinaria o se proceda a la expulsión por «inhabilidad moral» de la diputada nacional Lilia Lemoine (La Libertad Avanza).
El pedido surge tras las declaraciones de la legisladora, quien en una entrevista televisiva acusó al menor de «actuar como autista» y lanzó graves agravios contra su madre, Marlene Spesso.
Fundamentos de la denuncia por inhabilidad moral
La presentación judicial y parlamentaria es patrocinada por el abogado Andrés Gil Domínguez, quien sostuvo que la conducta de Lemoine vulnera los estándares éticos requeridos para integrar el cuerpo legislativo. Los puntos centrales de la controversia incluyen:
- Cuestionamiento del diagnóstico: Lemoine afirmó que el niño es «un negocio para el kirchnerismo» y que su madre lo lleva a los medios a «actuar de autista», sugiriendo que la condición del menor es una puesta en escena.
- Ataques a la familia: La diputada aseguró que la madre de Ian «no está bien de la cabeza» y la acusó de lucrar con la exposición del niño a ruidos y luces, entornos que habitualmente son hostiles para personas dentro del espectro autista.
- Antecedentes de hostigamiento: El entorno de Moche recordó que este no es el primer ataque desde el oficialismo, mencionando episodios previos de «violencia simbólica» por parte del presidente Javier Milei, quien vinculó al niño con presuntas operaciones políticas.
La respuesta de Ian Moche: «Esto no nos va a detener»
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el joven influencer se pronunció a través de sus redes sociales con un mensaje conciliador pero firme. «Fue feo. Nos angustió un poco, pero estamos bien. Tratamos de no darle cabida a esto», expresó Ian en un video, donde también agradeció las muestras de afecto recibidas por parte de la comunidad.
La pelota está ahora en el campo de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que deberá evaluar si el pedido de sanción o expulsión tiene curso legislativo. El caso reabre el debate sobre los límites del discurso público de los funcionarios y la protección de los derechos de las infancias y las personas con discapacidad.