Las principales entidades periodísticas del país, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), manifestaron su rechazo unánime ante la creación de la Oficina de Respuesta Oficial por parte del Gobierno nacional. Ambas organizaciones advirtieron que el uso de recursos públicos para «auditar» el discurso periodístico constituye una amenaza directa a la libertad de expresión y a la pluralidad democrática.

Mientras que el Gobierno presenta esta oficina como una herramienta contra la desinformación, las entidades denuncian que su verdadera función es el disciplinamiento y la estigmatización de las voces críticas.

ADEPA: «El Estado no es el árbitro de la verdad pública»

Para la entidad que nuclea a los editores de diarios y revistas de todo el país, el problema radica en la dinámica acusatoria que ha adoptado la nueva oficina desde su lanzamiento:

• Vigilancia y disciplinamiento: ADEPA advirtió que evaluar o verificar contenidos desde el Estado conlleva el riesgo de convertir a los organismos públicos en mecanismos de vigilancia.
• El juez es la gente: El comunicado enfatiza que el antídoto contra la desinformación es un ecosistema de medios plural y no una «verdad oficial». Según la entidad, son los ciudadanos quienes tienen la capacidad de contrastar fuentes y juzgar el trabajo periodístico.
• Rol del Estado: Recordaron que el Estado es solo una fuente más de información y no tiene la potestad de determinar qué es verdad en el debate social.

FOPEA: Preocupación por el uso de recursos públicos para hostigar

Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino calificó la iniciativa como un hecho de «gravedad institucional» y cuestionó el trasfondo ético y legal de la medida:

• Estigmatización del disenso: FOPEA denunció que se están utilizando recursos de todos los ciudadanos para vigilar y señalar a quienes piensan distinto o ejercen un periodismo crítico.
• Bloqueo de información: La entidad vinculó este nuevo dispositivo con otras medidas de la gestión, como la modificación por decreto de la Ley de Acceso a la Información Pública y la falta de conferencias de prensa regulares.
• Contradicción democrática: Señalaron que el periodismo busca la verdad mediante el rigor y el chequeo, mientras que el Gobierno pretende imponer una «verdad oficial» indiscutible, algo que choca con la esencia de una sociedad libre.

La postura del Gobierno: «Desmentir activamente la mentira»

Desde la cuenta oficial de la nueva oficina en la red social X, el oficialismo defendió la medida asegurando que su misión es «dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política». Argumentaron que su intervención es «lo contrario a la censura», ya que busca dotar a los ciudadanos de herramientas para distinguir datos de relatos. «La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone», afirmaron en su texto fundacional.

El conflicto ha abierto un debate profundo sobre el rol de la comunicación gubernamental y los límites del poder estatal en la supervisión de la información que circula en el espacio público.