A través del decreto 87/26, el presidente Javier Milei ordenó que el Estado nacional deje de actuar como querellante en la causa que investiga el endeudamiento récord de 44.000 millones de dólares contraído con el Fondo Monetario Internacional en 2018. La medida, que instruye a la Procuración del Tesoro a cesar su intervención, se produce en un momento procesal de alta sensibilidad y despeja el horizonte judicial para figuras centrales del actual gabinete.

Aunque la causa investiga la gestión de Mauricio Macri, el retiro del Estado impacta directamente sobre la situación procesal del ministro de Economía, Luis Caputo, y del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quienes fueron piezas fundamentales en la negociación y administración de aquel préstamo.

El fallo de Capuchetti y la apelación fiscal

La decisión del Ejecutivo se conoció apenas tres días después de que la jueza María Eugenia Capuchetti dispusiera el archivo de las actuaciones:

• Argumento judicial: Capuchetti sostuvo que no hubo malversación, bajo la premisa de que no existía una normativa que obligara a dar un destino específico a los dólares del FMI.
• Reacción de la Fiscalía: El fiscal Franco Picardi apeló el archivo, calificándolo de «parcial y sesgado». Picardi insiste en que el crédito se tomó violando la Constitución al no pasar por el Congreso y que se debe investigar si los fondos financiaron la fuga de capitales.
• Estado actual: Con el retiro de la querella estatal (impulsada originalmente en 2021), la continuidad de la investigación depende ahora exclusivamente del impulso que logre mantener el Ministerio Público Fiscal.

Un giro político y estratégico

La firma del decreto 87/26 marca una contradicción con el discurso histórico de Milei, quien antes de asumir la presidencia había calificado el acuerdo de 2018 como un error técnico y político. Sin embargo, en la práctica, el Gobierno ha optado por:

• Protección del gabinete: Evitar que sus ministros más relevantes (Caputo y Sturzenegger) sigan bajo el escrutinio de una querella estatal.
• Alineamiento con el PRO: Consolidar el pacto político con el macrismo, eliminando un punto de fricción judicial permanente.
• Desarticulación de la herencia previa: Dar de baja una de las banderas judiciales del gobierno de Alberto Fernández, que buscaba determinar si hubo defraudación contra la administración pública.

Consecuencias para la investigación

Sin el Estado como parte interesada, la causa pierde una estructura clave de producción de prueba y seguimiento procesal. El fiscal Picardi queda como el único actor con capacidad de evitar el cierre definitivo de un expediente que busca explicar el destino del mayor préstamo en la historia del FMI, cuya devolución condicionará las finanzas argentinas por las próximas décadas.