En una nueva instancia del litigio por la expropiación de YPF en los tribunales de Nueva York, el Estado argentino presentó una declaración jurada ante la jueza Loretta Preska. El escrito, firmado por el secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, responde a una orden judicial vinculada al proceso de discovery (etapa de exhibición de pruebas) solicitado por los demandantes, encabezados por el fondo Burford Capital.

La presentación oficial se centró en dos ejes: cumplir con los requerimientos formales del tribunal y blindar legalmente los activos del Banco Central frente a posibles intentos de embargo.

El Estado desconoce la ubicación del oro

Uno de los puntos más sensibles del requerimiento judicial versaba sobre el paradero de los lingotes de oro que forman parte de las reservas internacionales:

• Respuesta oficial: El Ministerio de Economía declaró bajo juramento que no posee conocimiento sobre la ubicación del oro del Banco Central.
• Estrategia de defensa: La presentación se limitó a lo estrictamente solicitado, evitando aportar datos que pudieran comprometer la seguridad de los activos o facilitar nuevas vías de ejecución a los demandantes.

Inmunidad soberana y rechazo al «discovery»

Más allá de la información puntual, la Argentina reafirmó su postura jurídica de fondo para evitar que el fallo adverso de u$s16.000 millones derive en el secuestro de bienes públicos:

• Inmunidad absoluta: El Gobierno ratificó que las reservas del Banco Central gozan de inmunidad soberana bajo el derecho internacional y la legislación local. Sostiene que estos activos no son ejecutables ni en Estados Unidos ni en ningún otro país.
• Separación de entidades: La defensa argentina insiste en la distinción legal entre el Estado Nacional y el Banco Central, argumentando que los activos del banco no pueden ser utilizados para pagar deudas del Tesoro.
• Apelación en puerta: Sigue pendiente el pedido argentino para suspender todo el proceso de discovery. Si la jueza Preska rechaza este planteo, el Gobierno ya anticipó que recurrirá a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.

Tensión con Burford Capital

Desde el entorno oficial califican la estrategia de Burford como «abusiva e improcedente». Consideran que los pedidos de información sobre activos soberanos vulneran la Constitución Nacional y buscan forzar un precedente peligroso para la soberanía económica de los Estados. La decisión política es no convalidar ningún reclamo que avance sobre bienes protegidos por normas internacionales de inmunidad.