El reciente conflicto por la medición de la inflación en la Argentina no es solo una disputa de cifras, sino el resultado de una intervención política sobre un proceso de actualización estadística que llevó casi una década de trabajo técnico. Pese a los intentos del Gobierno de Javier Milei por cuestionar la validez de la nueva metodología, los registros oficiales demuestran que el indicador fue monitoreado, moldeado y validado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos globales.
La decisión de mantener la canasta de consumo del año 2004 —obsoleta frente a los hábitos actuales— responde, según especialistas, a una estrategia para evitar que el índice oficial refleje el impacto real de los aumentos de precios y tarifas.
Un proceso de 9 años bajo la lupa del FMI
La nueva fórmula no fue una creación improvisada de la gestión anterior, sino un camino iniciado en 2017 y respaldado internacionalmente:
- Génesis técnica: El trabajo comenzó en 2017 (gestión de Mauricio Macri) con la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares. La primera versión estuvo lista a fines de 2023, pero el Gobierno de Milei se negó a aplicarla en medio de los fuertes aumentos iniciales de su gestión.
- El aval de Brian Graf: El autor del manual de recomendaciones estadísticas del FMI mantuvo reuniones con Marco Lavagna en 2023 y 2024. El organismo ató incluso desembolsos de dinero al cumplimiento de pautas estadísticas, incluyendo la actualización del IPC.
- Condición del Staff Report: El FMI exigió por escrito la publicación del nuevo índice en al menos tres fechas distintas (abril 2024, febrero 2025 y febrero 2026), compromisos que fueron sistemáticamente violados por la Casa Rosada.
Validaciones externas: del JP Morgan a la Ciudad de Buenos Aires
Antes de su renuncia, Marco Lavagna presentó los detalles de la nueva fórmula a actores clave del mercado para garantizar la transparencia del proceso:
- JP Morgan: En octubre de 2024, Lavagna se reunió con directivos del banco que elabora el Riesgo País. Era vital que el mercado viera una normalización estadística para bajar el riesgo crediticio de la Argentina. Tras la intervención oficial al INDEC, el Riesgo País volvió a superar los 500 puntos básicos.
- Cúpula de Caputo: El propio exviceministro de Economía, Joaquín Cottani, consideraba imprescindible aplicar la nueva medición. Su salida del gobierno y las críticas de Luis Caputo hacia su figura se vinculan, en parte, con este desacuerdo técnico.
- Consenso local: Distritos como la Ciudad de Buenos Aires ya utilizan la canasta 2017/2018 para sus mediciones propias, evidenciando que la metodología que el Gobierno Nacional tilda de «errónea» es la que ya aplica el resto del sistema estadístico.
La crisis interna en el INDEC
La censura de la nueva fórmula provocó un sismo institucional en el organismo:
- Renuncias clave: La salida de Marco Lavagna fue precedida por las de Guillermo Manzano (director de estadísticas de costo de vida) y Georgina Giglio (directora de IPC), quienes se negaron a continuar validando una estadística desactualizada por motivos políticos.
- La «doble planilla»: Se estima que el nuevo titular del INDEC, Pedro Lines, cuenta en su despacho con ambas mediciones. El próximo martes 10, cuando se difunda el dato de inflación, el país conocerá una cifra basada en una estructura de consumo de hace más de 20 años, mientras la medición «real» permanece bajo llave por decisión presidencial.