El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) dio a conocer su informe anual con datos cerrados al 31 de diciembre de 2024, revelando que en Argentina hubo 4.119 niños, niñas y adolescentes vinculados al sistema penal. El documento se publica en un momento de alta sensibilidad política, mientras el Congreso se prepara para debatir el proyecto de ley que busca bajar la edad de imputabilidad.
A pesar de la cifra total, el informe subraya que la gran mayoría de los jóvenes no se encuentran tras las rejas, priorizándose medidas de acompañamiento en sus comunidades.
Radiografía del encierro y medidas territoriales
El abordaje de los menores en conflicto con la ley penal se divide en dos grandes modalidades:
- Medidas en territorio (80%): 3.249 jóvenes se encuentran bajo programas de supervisión y redes sociocomunitarias que no implican la pérdida de la libertad.
- Privación o restricción de libertad (20%): 865 menores están alojados en dispositivos de encierro, mientras que 4 cumplen prisión domiciliaria.
- Distribución geográfica: Las provincias de Buenos Aires y Córdoba, junto a la Capital Federal, presentan las tasas de encierro más altas. De hecho, Buenos Aires y Córdoba concentran el 75% de los menores institucionalizados.
Tipos de delitos y la situación de los «no punibles»
El informe detalla que la mayoría de las causas penales están vinculadas a delitos contra la propiedad:
- Delitos contra la propiedad: 57,1%
- Delitos contra las personas: 13,9%
- Delitos contra la integridad sexual: 7,5%
Un dato alarmante del reporte es la detección de 48 menores de entre 12 y 15 años que permanecen institucionalizados por razones penales. Bajo la legislación vigente, estos niños son considerados no punibles, por lo que su alojamiento en dispositivos de encierro contraviene las normas actuales, que indican que deberían ser asistidos por organismos de protección integral de derechos y no por el sistema penal.
Infraestructura y edades
Para gestionar esta población, el país cuenta con 174 dispositivos, de los cuales 99 están destinados a situaciones de encierro (privación, restricción o aprehensión).
En cuanto a las edades de los jóvenes bajo medidas de encierro, el 60% tiene entre 16 y 17 años. Sin embargo, existe un 30% de la población que, habiendo cometido el delito siendo menor, continúa cumpliendo medidas judiciales dentro del sistema juvenil a pesar de haber superado ya los 18 años.