El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, volvió a generar una fuerte controversia al calificar la figura del femicidio como «inconstitucional». Bajo el argumento de que «todos somos iguales ante la ley», el funcionario propuso reemplazar la normativa actual por una redacción que contemple tanto el «femicidio» como el «hombricidio», una postura que ha despertado un profundo rechazo en sectores especializados en derecho penal y género.
La figura del femicidio fue incorporada al Código Penal argentino en 2012. Su objetivo no fue otorgar un privilegio, sino reconocer una asimetría histórica: el hecho de que las mujeres son asesinadas sistemáticamente en contextos de dominación, control y desigualdad estructural.
El debate entre igualdad formal e igualdad real
La propuesta del ministro se basa en una interpretación de la igualdad ante la ley que, según diversos especialistas, ignora la igualdad real. Desde una perspectiva de derechos humanos, se señala lo siguiente:
- Obligaciones internacionales: Tratados con jerarquía constitucional, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, exigen al Estado acciones diferenciadas para proteger a grupos en situación de vulnerabilidad o desigualdad estructural.
- Invisibilización de la violencia: Equiparar el femicidio con una categoría neutral como el «hombricidio» diluye el componente de poder y control que caracteriza a la violencia machista, la cual no tiene un equivalente sistémico en los homicidios de varones.
- Respaldo judicial: Tanto la Corte Suprema de Justicia como tribunales internacionales han avalado estas figuras diferenciadas, entendiendo que la neutralidad legal no es efectiva cuando la violencia de origen no es neutral.
Una mujer asesinada cada 30 horas
Las declaraciones de Cúneo Libarona se producen en un contexto alarmante para la Argentina, donde las estadísticas indican que una mujer es asesinada cada 30 horas por violencia de género. El ministro calificó la figura actual de «difusa e imprecisa», pero para los movimientos de mujeres, sus palabras representan un retroceso que relativiza décadas de lucha por visibilizar la violencia de género como un problema de salud pública y seguridad.
El debate planteado por el Ministerio de Justicia reinstala una discusión que parecía saldada: si la ley debe tratar a todos por igual en los papeles, o si debe nombrar realidades distintas para intentar repararlas. En un país con cifras de femicidios que no descienden, la preocupación radica en que este cambio normativo termine por invisibilizar la especificidad de los crímenes de odio contra las mujeres.