El Gobierno nacional ha decidido avanzar con una de las adquisiciones militares más importantes de las últimas décadas: la compra de tres submarinos clase Scorpène y cuatro lanchas OPV clase Gowind al astillero francés Naval Group. La operación, estimada en unos 2.000 millones de dólares, busca recuperar la capacidad submarina de la Armada Argentina, perdida desde el hundimiento del ARA San Juan en 2017.

Sin embargo, la decisión del presidente Javier Milei y la gestión iniciada por la actual senadora Patricia Bullrich se encuentran bajo la lupa debido al extenso historial de denuncias por sobornos e irregularidades que rodea al proveedor francés.

Un prontuario internacional de sobornos

Naval Group (anteriormente denominada DCNS) ha sido señalada en múltiples investigaciones globales por el presunto pago de coimas para direccionar licitaciones. Algunos de los antecedentes más críticos incluyen:

• El caso Pakistán (1994): La justicia francesa investigó el pago de 51 millones de euros en sobornos que, presuntamente, habrían financiado campañas políticas en Francia.
• Malasia (2002): Recientemente, en 2024, la fiscalía francesa pidió juicio para exejecutivos por sobornos al entonces ministro de Defensa malasio.
• Brasil y el Lava Jato: En 2008, un contrato por 7.500 millones de dólares también quedó bajo sospecha de pago de retornos en el marco de la megacausa regional.
• Ranking de corrupción: En 2017, la firma encabezó el Ranking de Corrupción Militar elaborado por instituciones académicas internacionales como la Universidad de Tufts.

Malestar en la industria local y denuncias penales

La compra no solo genera dudas por la transparencia del proveedor, sino también por el impacto en el sector productivo nacional. El ingeniero naval Raúl Podetti presentó una denuncia penal alegando que la licitación habría sido «direccionada» a favor de la empresa francesa, excluyendo la participación efectiva de astilleros estatales argentinos.

Además, la Auditoría General de la Nación (AGN) ya había cuestionado previamente la gestión de Bullrich en Seguridad por la compra directa de lanchas a Israel con presuntos sobreprecios y falta de transparencia.

El financiamiento y la urgencia estratégica

Pese a las críticas, el Gobierno ratificó la decisión política de avanzar con Naval Group. En paralelo, ya se aprobó el financiamiento a través de préstamos internacionales para la compra de helicópteros navales por 71 millones de euros.

Para las autoridades, la urgencia de reequipar las Fuerzas Armadas y la Prefectura Naval justifica la elección de un socio estratégico como Francia, aunque esto implique ignorar los antecedentes judiciales del astillero estatal galo y enfrentar denuncias por el direccionamiento de los contratos en el ámbito local.