La Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina manifestó su firme oposición al proyecto de ley que se debate en el Congreso para bajar la edad de responsabilidad penal. A través de un documento técnico, los magistrados advirtieron que esta medida no solo es ineficaz para combatir el delito, sino que representa un retroceso en materia de derechos humanos y garantías constitucionales.

Para los especialistas, la propuesta de reducir la edad de imputabilidad funciona como un «efecto placebo» que da la apariencia de acción estatal pero no soluciona los problemas de fondo de la seguridad pública.

Una lógica punitiva que ignora la realidad juvenil

El comunicado de la Red sostiene que tratar a los adolescentes con las mismas herramientas que a los adultos ignora las particularidades de la etapa de crecimiento. Entre los argumentos principales destacan:

• Tratamiento diferenciado: El derecho penal moderno reconoce que la niñez y la adolescencia poseen una menor autonomía psíquica y social, por lo que requieren un sistema especializado que busque la reinserción y no solo el castigo.
• Renuncia del Estado: Los jueces consideran que bajar la edad de punibilidad es una forma de que el Estado admita su fracaso en implementar políticas públicas integrales (educación, salud, contención social).
• Gravedad simbólica: Alertan que el proyecto transforma conflictos sociales en problemas exclusivamente penales, negando a la infancia como una categoría jurídica relevante.

Contradicción con estándares internacionales

La organización remarcó que la iniciativa argentina choca directamente con los compromisos asumidos ante organismos internacionales. Estos estándares exigen que los sistemas juveniles se enfoquen en la responsabilidad progresiva y no en la mera retribución penal.

Asimismo, recordaron que actualmente ya existen mecanismos en provincias como Buenos Aires, Tucumán y Entre Ríos, donde los adolescentes por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal ya reciben respuestas jurisdiccionales que incluyen procesos en centros socioeducativos y, en casos graves, la privación de la libertad.

El pedido a los legisladores

El documento concluye con un llamado a los integrantes del Congreso para que el nuevo Régimen Penal Juvenil sea armonizado con los derechos de la niñez. Instan a establecer límites máximos a la prisión y a garantizar la revisión periódica de cualquier sanción que implique el encierro de un menor de edad.