El juez federal Sebastián Casanello ha dado un paso decisivo en la causa que investiga un presunto ataque coordinado en redes sociales contra la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. En una resolución dictada este martes 10 de febrero de 2026, el magistrado ordenó a la División Ciberpatrullaje de la Policía Federal realizar peritajes exhaustivos sobre una serie de cuentas de la plataforma X (antes Twitter) para determinar si existe una organización dedicada al acoso sistemático.
La denuncia original, presentada por la titular del Senado en agosto de 2025, señala que el hostigamiento no es espontáneo, sino que formaría parte de una campaña de presión política orientada a forzar su renuncia o socavar su autoridad institucional.
Figuras del entorno presidencial bajo la lupa
La investigación judicial se centra en publicaciones de figuras muy cercanas al presidente Javier Milei, lo que expone la profundidad de la fractura interna en el Gobierno:
- Nicolás Márquez: El biógrafo del presidente fue señalado por Villarruel como uno de los principales impulsores de mensajes que la califican de «traidora» y «golpista».
- Lilia Lemoine: La diputada nacional también figura en la denuncia. Villarruel sostiene que Lemoine ha participado activamente en la difusión de agravios y calumnias en su contra.
- Javier Negre: El comunicador español y dueño de La Derecha Diario fue denunciado en un escrito aparte por presuntas amenazas e intimidación pública.
- Cuentas libertarias: La justicia también rastrea a usuarios identificados con los pseudónimos “El Pubertario”, “El Trumpista” y “Mialygosa”, quienes habrían coordinado escraches digitales hacia el círculo familiar y laboral de la vicepresidenta.
El enfoque del juez Casanello
Para el juez Casanello, la gravedad de los hechos —que incluyen amenazas de muerte y mensajes de contenido sexual violento— amerita un abordaje integral. El magistrado busca establecer si estos ataques configuran un patrón de «violencia contra las mujeres en la vida política», un encuadre legal que protege a las funcionarias de ataques basados en su género y que buscan limitar su ejercicio del poder.
La Policía Federal deberá ahora identificar la titularidad de las cuentas, analizar si hubo financiamiento o recursos estatales involucrados en la difusión de estos mensajes y detectar si existió una sincronización temporal que demuestre la existencia de un «plan sistemático».
Esta causa judicial se desarrolla en un clima de tensión máxima, donde la comunicación entre la Casa Rosada y la Vicepresidencia se encuentra totalmente interrumpida, y las redes sociales se han convertido en el principal campo de batalla de la interna oficialista.