Tras obtener la media sanción en la Cámara de Senadores, el proyecto de Reforma Laboral se encamina a su definición final con un texto que redefine las reglas de juego entre empleadores y asalariados. El Gobierno logró imponer una agenda que prioriza la reducción de la litigiosidad y la previsibilidad de costos para las empresas, introduciendo figuras novedosas como el Fondo de Asistencia Laboral y el Banco de Horas, mientras que la oposición y los gremios alertan sobre una pérdida sustancial en el poder adquisitivo y las garantías del trabajador.
Con la mira puesta en las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados, la iniciativa parlamentaria ya no es solo una propuesta técnica, sino la base de un nuevo paradigma que altera desde la forma de cobrar una indemnización hasta cómo se computan las licencias por enfermedad.
Los pilares del cambio: entre la modernización y la controversia
La reforma se estructura sobre puntos que modifican hábitos arraigados en el mercado de trabajo argentino:
- Indemnizaciones a la baja: La exclusión del aguinaldo y las vacaciones de la base de cálculo, sumado a la actualización por IPC + 3%, busca terminar con las denominadas «indemnizaciones millonarias», aunque esto implique una reducción real en lo que percibe el trabajador despedido.
- Financiación del despido: El modelo del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) traslada el costo del cese a un aporte mensual obligatorio, permitiendo que la desvinculación no represente un impacto financiero brusco para el empleador.
- Flexibilidad en el tiempo: El acuerdo de «banco de horas» y la posibilidad de fraccionar las vacaciones en períodos de siete días otorgan a las empresas una mayor capacidad de maniobra para organizar la producción según la demanda estacional.
- Seguridad y salud: La nueva escala salarial para enfermedades (distinguiendo entre conductas riesgosas o no) introduce una vigilancia más estricta sobre las ausencias prolongadas y las recaídas crónicas.
El escenario en Diputados
El oficialismo espera que el texto no sufra grandes alteraciones en la Cámara Baja para poder convertirlo en ley de manera inmediata. Sin embargo, el esquema de votación en cuotas para las sentencias judiciales y el tope a los aportes solidarios de los sindicatos serán los puntos de mayor fricción durante el debate en comisiones.
La aprobación definitiva marcaría el inicio de una etapa de fuerte digitalización y simplificación administrativa ante ARCA, con la que el Ejecutivo apuesta a reducir el empleo no registrado y fomentar la inversión tecnológica a través de los regímenes RIFL y RIMI.