En una jornada legislativa histórica y polarizada, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil, fijando la edad de imputabilidad en 14 años. Con 149 votos a favor y 100 en contra, la iniciativa impulsada por el oficialismo logró avanzar hacia el Senado, fundamentada en la necesidad de actualizar una normativa con décadas de antigüedad y dar respuesta a delitos de extrema gravedad cometidos por menores.
El debate no estuvo exento de controversias, ya que mientras algunos sectores celebran la medida como una herramienta de justicia, la oposición advierte sobre la falta de soluciones a los problemas estructurales de fondo.
Alcance de la reforma y penas máximas
El nuevo régimen se aplicará a adolescentes de entre 14 y 18 años que cometan delitos graves como homicidios, abusos sexuales, secuestros o robos con violencia. Los puntos centrales del articulado establecen:
- Escala Penal: La pena máxima para estos casos será de 15 años de prisión.
- Última ratio: La privación de la libertad se define como un recurso excepcional, priorizando que el tiempo de detención sea el mínimo indispensable.
- Prohibición de convivencia: El proyecto prohíbe terminantemente que los menores compartan espacios de detención con adultos, exigiendo la creación de institutos especializados.
Medidas alternativas y enfoque restaurativo
Para delitos con escalas penales menores o donde no medie violencia grave, el proyecto propone un abanico de sanciones que buscan evitar la cárcel y promover la responsabilidad del joven:
- Sustitución de prisión: Podrá reemplazarse la pena de cárcel en delitos de hasta 10 años (siempre que no haya muerte ni violencia extrema) por medidas como servicios comunitarios, monitoreo electrónico o reparación del daño.
- Programas obligatorios: Se garantiza el acceso a educación formal, capacitación laboral y tratamiento de adicciones bajo estricto control judicial.
- Mecanismos de mediación: Se habilita la suspensión del juicio a prueba y la mediación penal para infracciones leves, buscando una solución que contemple la voz de la víctima.
Presupuesto e implementación
Un factor determinante para alcanzar los votos necesarios fue la garantía de financiamiento. Se asignó una partida específica de $23.739 millones, que serán administrados por el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación. Estos fondos están destinados a la construcción de los nuevos institutos de menores y a la contratación de personal especializado en niñez y adolescencia.
Con la media sanción obtenida, la discusión se traslada ahora a la Cámara Alta. El Senado tendrá la responsabilidad de definir si esta reforma, que convive en la agenda parlamentaria con temas de peso como el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, se convierte finalmente en ley.