La tensión entre las bases sindicales y la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) escaló este sábado tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado. Gremios de peso como la UOM, Aceiteros y ATE, junto a las dos CTA, iniciaron una fuerte presión sobre la central obrera para que convoque a un paro nacional con movilización cuando el proyecto se trate en la Cámara de Diputados, previsto para el próximo 19 de febrero.
Mientras la CGT logró negociar modificaciones puntuales en el Senado, los sectores más combativos sostienen que el proyecto debe ser rechazado en su totalidad para evitar una «pérdida de dignidad» de los trabajadores.
El reclamo de los gremios «duros»
Los líderes de las organizaciones que integran el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) manifestaron su descontento con la estrategia de diálogo que mantuvo la central obrera hasta el momento:
- Abel Furlán (UOM): Criticó las negociaciones de la CGT con el Gobierno y sentenció que «no había nada para negociar», exigiendo un paro general inmediato.
- Rodolfo Aguiar (ATE): Aseguró que «sobran motivos» para la huelga y llamó a construir un clima de «hostilidad» hacia los diputados para frenar o empantanar la ley.
- Daniel Yofra (Aceiteros): Advirtió que sin un plan de lucha contundente no hay posibilidades reales de evitar que la reforma se convierta en ley.
El cronograma de la reforma en Diputados
El oficialismo tiene una hoja de ruta acelerada para convertir el proyecto en ley la próxima semana:
- Miércoles 18 de febrero: El Gobierno busca obtener el dictamen de mayoría en comisiones.
- Jueves 19 de febrero: Se espera el tratamiento definitivo en el recinto de la Cámara Baja.
Un nuevo frente de lucha confirmado
Ante la incertidumbre sobre la decisión de la CGT, el Frente de Sindicatos Unidos ya confirmó su propia medida de fuerza. Además de los gremios mencionados, se sumarán al paro y a la movilización al Congreso organizaciones como los pilotos de APLA, gráficos, mineros de AOMA, molineros, docentes universitarios (CONADU) y viales.
La estrategia de estos sectores apunta no solo a la protesta en la Ciudad de Buenos Aires, sino también a replicar movilizaciones en distintas provincias para presionar a los legisladores en sus territorios.