En un gesto que precede a una discusión legislativa crucial, el Gobierno de Venezuela oficializó la liberación de al menos 17 presos políticos que se encontraban recluidos en el centro de detención policial conocido como Zona 7, en Caracas. El anuncio fue realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien enmarcó la medida dentro de una estrategia denominada «ruta de paz» y convivencia democrática.
La excarcelación se produce tras semanas de intensa presión social, que incluyó huelgas de hambre y vigilias de familiares en las afueras de los centros de reclusión.
El contexto de la Ley de Amnistía
Esta liberación es vista como un paso previo al debate parlamentario de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática y la Paz. Este proyecto de ley es una pieza fundamental en la agenda política actual, ya que busca:
- Clemencia jurídica: Otorgar libertad a ciudadanos detenidos en el marco de conflictos sociales y protestas políticas de años recientes.
- Resolución de conflictos: Intentar reducir la polarización interna, aunque el texto ha sufrido múltiples aplazamientos debido a discrepancias sobre el alcance y la forma de aplicación de la norma.
- Cifras en disputa: Mientras fuentes oficiales señalan que cerca de 900 personas ya han sido beneficiadas por medidas similares, organizaciones de derechos humanos sostienen que el universo de detenidos por razones políticas es mayor y exigen un criterio de amnistía total y no discrecional.
Presión social y derechos humanos
A pesar de las liberaciones, el clima en Caracas sigue siendo tenso. Diversas ONG y colectivos de familiares se han movilizado frente a la sede de la Asamblea Nacional para manifestar su descontento con lo que consideran una «entrega a cuentagotas» de los detenidos.
La principal demanda de estos sectores es que la nueva ley no se limite a un número reducido de casos negociados, sino que funcione como un mecanismo general que incluya a todos los ciudadanos privados de su libertad por motivos ideológicos, sin excepciones.
El debate legislativo que se avecina será determinante para definir si estas excarcelaciones representan un cambio estructural en la política penitenciaria venezolana o si se trata de medidas aisladas para aliviar la presión internacional y social antes de la sanción de la ley.