La viralización de una captura de pantalla de un chat privado ha generado una fuerte indignación en la comunidad santiagueña. La imagen muestra a un usuario ofreciendo, a cambio de dinero, acceso a un grupo cerrado que contendría fotos y videos íntimos de mujeres de la provincia. El intercambio y la comercialización de este material se realizaría a través de plataformas como Facebook.
Este hecho ha reavivado el debate sobre la violencia digital y la desprotección de las víctimas ante la difusión no consentida de contenido sexual, una problemática que ya cuenta con marcos regulatorios específicos en el país.
El marco legal: Ley Olimpia y Ley Belén
En Argentina, este tipo de conductas no solo son éticamente repudiables, sino que están tipificadas por la ley para proteger la integridad digital de las personas. La legislación vigente busca sancionar estas acciones bajo dos normativas clave:
- Ley Olimpia (Ley 27.736): Sancionada para incorporar la violencia digital como una modalidad de violencia de género en la Ley 26.485. Define a la violencia digital como aquella que se ejerce mediante el uso de tecnologías de la información para dañar la dignidad, reputación o integridad de las mujeres.
- Ley Belén: Propone modificaciones al Código Penal para tipificar como delito la difusión de imágenes o videos íntimos sin consentimiento, estableciendo penas de prisión y multas para quienes produzcan, financien o distribuyan este material.
¿Qué hacer ante un caso de violencia digital?
La Justicia y organizaciones de derechos humanos recomiendan seguir pasos específicos para garantizar que la evidencia sea válida en una futura investigación:
- Preservar la prueba: No borrar el contenido ni los mensajes. Realizar capturas de pantalla donde se vea claramente el nombre de usuario, el enlace del perfil o el número de teléfono del agresor.
- No reenviar: La viralización multiplica el daño a la víctima. Cortar la cadena de difusión es el primer paso para la protección comunitaria.
- Realizar la denuncia: Se puede acudir a la División de Delitos Tecnológicos de la Policía de la Provincia o al Ministerio Público Fiscal. En casos de contenido íntimo, es fundamental solicitar la baja del material en las plataformas correspondientes (Facebook, Instagram, etc.).
Hasta el momento, no se ha confirmado una denuncia formal en sede judicial por este chat específico, pero el repudio social masivo busca presionar para que se inicien actuaciones de oficio que identifiquen a los responsables de la presunta comercialización.
