La Fiscal General de Guatemala, María Consuelo Porras, se encuentra en el centro de una grave controversia internacional tras las denuncias presentadas por un panel de expertos independientes de la ONU. Las acusaciones vinculan a la funcionaria con presuntas adopciones irregulares de niños indígenas durante el conflicto armado interno (1960-1996), específicamente en el periodo en que dirigía una institución de acogida.
Este señalamiento surge en un marco de alta tensión política en el país centroamericano, sumándose a las sanciones previas que Porras ya enfrenta por parte de la comunidad internacional.
El foco de la acusación: Hogar Temporal Elisa Martínez
La investigación del panel vinculado al Consejo de Derechos Humanos pone la lupa sobre el desempeño de Porras entre enero y agosto de 1982:
- 80 niños afectados: Se estima que al menos 80 menores indígenas fueron víctimas de adopciones internacionales irregulares tras ser institucionalizados en el mencionado hogar.
- Rol de Porras: Durante ese lapso, la actual fiscal se desempeñaba como directora, administradora y «tutora legal» del establecimiento.
- Contexto histórico: Durante las décadas de conflicto, miles de niños fueron separados de sus familias y enviados al extranjero, principalmente a EE. UU., en procesos cuestionados por la falta de transparencia y el nulo seguimiento estatal.
El pronunciamiento de la ONU y el impacto político
Los expertos de las Naciones Unidas fueron tajantes al solicitar que personas con alegaciones creíbles de conductas incompatibles con los derechos humanos no ocupen cargos públicos hasta que se realicen investigaciones independientes.
- Revés institucional: El impacto de estas denuncias fue inmediato. Porras aspiraba a un nuevo cargo como magistrada a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero la institución terminó descartándola y eligiendo a otros candidatos.
- Falta de reparación: La ONU expresó su alarma por la ausencia de investigaciones imparciales y el olvido estatal hacia las madres afectadas, quienes no han recibido reconocimiento ni reparación hasta la fecha.
- Antecedentes de la Fiscal: María Consuelo Porras ya cuenta con sanciones de los Estados Unidos y la Unión Europea, acusada de socavar la democracia y perseguir judicialmente a periodistas y exfuncionarios que investigaban hechos de corrupción.
Un sistema bajo sospecha
Entre 1977 y 2008, Guatemala fue señalada como un centro de adopciones irregulares operadas por redes de funcionarios y abogados. Recientemente, en 2024, el presidente Bernardo Arévalo realizó un acto histórico de disculpas públicas a una víctima de estas redes, marcando un cambio de postura del Ejecutivo frente a estos crímenes de lesa humanidad.
Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial por parte de la Fiscalía General de Guatemala ante estas acusaciones que reabren las heridas más profundas del pasado reciente del país.