El Poder Ejecutivo, liderado por Javier Milei, ha enviado a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de ley que pretende modificar la actual normativa de financiamiento universitario (Ley 27.795). El objetivo central de la iniciativa es ajustar la inversión en educación superior para garantizar el cumplimiento del «déficit fiscal cero», tras el conflicto político que generó el veto presidencial el año pasado.

La intención oficialista es que el debate se acelere inmediatamente después de la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo, buscando la sanción definitiva durante la primera quincena del mes.

Puntos centrales del proyecto libertario

El texto fue elaborado por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, bajo la supervisión de Santiago Caputo. Los artículos más relevantes proponen lo siguiente:

• Gastos de funcionamiento (Art. 3): Establece que el presupuesto para funcionamiento, hospitales universitarios y ciencia se ajuste en base a una inflación anual proyectada del 14,3% para 2026. Si la inflación real supera ese valor, se realizarían ajustes para «preservar el incremento real».
• Salud universitaria (Art. 4): Dispone un refuerzo presupuestario de $80.072.460.000 destinado específicamente a la asistencia financiera de los hospitales que dependen de las universidades nacionales.
• Remuneraciones docentes y no docentes (Art. 5): Propone una recomposición salarial pagadera en 2026 que consiste en tres aumentos del 4,1% cada uno (en marzo, julio y septiembre), tomando como base los sueldos de diciembre de 2025. Esto representa un incremento total del 12,3%.
• Paritarias obligatorias: El proyecto ordena convocar a mesas de negociación salarial en un plazo no mayor a un mes tras la sanción de la ley, con una periodicidad mínima de tres meses.

El contexto político del ajuste

Esta nueva avanzada legislativa busca reemplazar la ley que el Congreso ratificó con dos tercios de los votos tras el veto de Milei. Desde la Casa Rosada insisten en que cualquier incremento por encima de lo proyectado debe tener una contrapartida de recursos clara para no desequilibrar las cuentas públicas.

Sin embargo, el uso de un «Indec virtualmente intervenido» para el cálculo de la inflación y el tope del 14,3% —cifra que muchos sectores consideran alejada de la realidad económica— prometen convertir a marzo en un mes de alta tensión entre el Gobierno, los gremios docentes y las autoridades universitarias.