La mesa chica de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reúne este miércoles con un objetivo claro: diseñar la ofensiva legal para frenar la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional. Ante la alta probabilidad de que el Senado sancione la ley esta semana, la central obrera ha decidido agotar la vía parlamentaria y trasladar la batalla al terreno de los Tribunales.
A diferencia de ocasiones anteriores, la conducción ha descartado la convocatoria a un nuevo paro general, priorizando el impacto institucional sobre la protesta social directa.
Los pilares de la estrategia judicial
El equipo jurídico de la CGT trabaja en un recurso de inconstitucionalidad que será presentado ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal. Los argumentos centrales se basan en la vulneración de derechos adquiridos y principios constitucionales:
- Artículo 14 bis: Sostienen que la reforma atenta contra la protección integral del trabajador.
- Principio de No Regresividad: Alegan que las leyes sociales no pueden retroceder en perjuicio de los derechos ya consagrados.
- Ejes críticos: Los cuestionamientos apuntan a la ampliación del período de prueba, los cambios en el sistema indemnizatorio y las limitaciones al derecho de huelga.
Movilización sin huelga: El factor de los gremios combativos
Aunque la CGT no llamará a un cese de actividades, la tensión interna se canalizará a través de una movilización al Congreso este viernes, coincidiendo con la sesión en la Cámara Alta.
- Sectores dialoguistas: Apuestan a la prudencia política y a la judicialización, evitando el desgaste de un paro con resultado legislativo ya previsto.
- Sectores combativos: Agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), marcharán para expresar su rechazo, aunque sin romper la unidad formal con la CGT.
- ATE: El gremio de estatales es uno de los pocos que ha confirmado medidas de fuerza propias de manera independiente.
El escenario político post-sanción
La central obrera también planea una estrategia de «costo político». Dirigentes sindicales anticiparon que buscarán señalar a los senadores —especialmente a los de extracción peronista— que acompañen la iniciativa oficialista, considerándolos responsables de un «retroceso histórico» en materia de derechos laborales.
En la conducción cegetista admiten que la Corte Suprema podría no anular la ley en su totalidad, lo que obligaría a una seguidilla de presentaciones judiciales caso por caso en el futuro cercano.