El escenario político nacional sumó un nuevo foco de conflicto tras la denuncia penal presentada por el fiscal federal Carlos Stornelli contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. La acusación, que señala al mandatario por presunta «incitación a la violencia», generó un repudio unánime dentro del Partido Justicialista, que calificó la medida como un intento de «disciplinamiento judicial».

La controversia se originó en declaraciones radiales de Quintela, quien advirtió sobre la insostenibilidad social del ajuste económico actual, comparando el panorama con la crisis de 2001. «Si llegamos así, llegamos con un país destruido», había afirmado el gobernador, señalando que la gestión actual podría no completar su mandato si no modifica su rumbo.+1

El respaldo del PJ: «Persecución política y lawfare»

A través de un comunicado firmado por su presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el PJ Nacional expresó su solidaridad con el mandatario riojano.

• Cuestionamiento al fiscal: El peronismo recordó los antecedentes de Stornelli, mencionando su vinculación en el caso D’Alessio y su rol en causas de espionaje ilegal, para desacreditar la validez ética de la denuncia.
• Defensa de la libertad de expresión: Para la dirigencia justicialista, las palabras de Quintela representan una «opinión política» sobre la realidad social y no un delito, denunciando que se busca «amordazar» a los gobernadores opositores.
• Advertencia federal: Desde el PJ riojano fueron tajantes al afirmar que «si tocan a Quintela, tocan al federalismo», marcando una postura de resistencia ante lo que consideran una judicialización de la política.

La respuesta de Quintela y el arco opositor

El gobernador agradeció los gestos de apoyo y ratificó su postura, aclarando que su mensaje fue una advertencia sobre el crecimiento de la vulnerabilidad social y la pérdida de puestos de trabajo. «Tengo la tranquilidad de saber que no estoy solo», manifestó, reafirmando su compromiso con la defensa de la democracia.

Referentes parlamentarios como Germán Martínez (Diputados) y Florencia López (Senado) se sumaron al rechazo, coincidiendo en que estas acciones forman parte de un esquema de persecución que busca silenciar las voces que alertan sobre las consecuencias del programa económico del Gobierno nacional.