La batalla judicial por el acuerdo de 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sumó un nuevo capítulo. El fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, solicitó revocar el archivo de la causa que había dictado la jueza María Eugenia Capuchetti, respaldando así la apelación de su colega de primera instancia, Franco Picardi.

La fiscalía sostiene que la jueza realizó una evaluación «sesgada y superficial» de los hechos, ignorando pruebas que señalarían un incumplimiento deliberado de las normas administrativas para contraer una deuda que califican como «insostenible».

Los puntos clave de la apelación

El dictamen fiscal, que ahora deberá ser resuelto por la Sala I de la Cámara Federal, se apoya en los siguientes ejes:

• Falta de cumplimiento normativo: Se cuestiona que el acuerdo no pasó por el Congreso Nacional ni contó con dictámenes previos de viabilidad jurídica y económica del Ministerio de Economía y el BCRA.
• Fuga de capitales: La fiscalía argumenta que los fondos (USD 57.100 millones) no se usaron para los fines declarados (bajar inflación, reducir pobreza), sino para financiar la salida de divisas en beneficio de sectores privados concentrados.
• Perjuicio económico: Según la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la maniobra habría ocasionado un daño al patrimonio público estimado en USD 29.618 millones.

Funcionarios bajo la lupa

La reapertura de la causa no solo apunta contra el expresidente Mauricio Macri, sino que involucra a figuras centrales del actual esquema de gobierno:

• Luis Caputo: Ministro de Economía.
• Federico Sturzenegger: Ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
• Santiago Bausili: Presidente del Banco Central.
• Nicolás Dujovne: Exministro de Hacienda.

El rol del Gobierno y la Cámara

En una decisión que coincidió con el fallo de la jueza Capuchetti, el actual Gobierno nacional retiró la querella que ejercía a través de la Procuración del Tesoro. Sin embargo, la causa sigue vigente gracias al impulso del Ministerio Público Fiscal.

La decisión final quedará en manos de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, quienes deberán determinar si la toma del préstamo fue una «decisión política no judiciable» (como sostuvo Capuchetti) o si existió una administración fraudulenta agravada por el incumplimiento de deberes de funcionario público.