A medio siglo del Golpe de Estado en Argentina de 1976, los datos del proceso judicial por crímenes de lesa humanidad muestran un panorama complejo: avances históricos, pero también demoras, beneficios a condenados y señales de retroceso.
Según cifras de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, analizadas por el abogado y periodista Pablo Llonto, desde el retorno de la democracia se dictaron 361 sentencias y se alcanzaron 1.231 condenas, consolidando a Argentina como un caso único en el mundo en materia de juzgamiento a represores.
Juicios en marcha y señales de estancamiento
Actualmente hay 12 juicios orales en trámite, una cifra considerada baja frente a la cantidad de causas pendientes y la avanzada edad de los imputados. Este escenario alimenta lo que se denomina “impunidad biológica”: muchos acusados mueren antes de recibir sentencia.
Además, las más de 200 absoluciones registradas reflejan el rigor probatorio del sistema judicial, desmintiendo la idea de persecuciones sin sustento jurídico.
Prisión domiciliaria: el punto más cuestionado
Uno de los aspectos más polémicos es la forma en que se cumplen las condenas:
- Solo 88 represores están en cárceles comunes
- Cerca de 420 cumplen prisión domiciliaria
Para organismos de derechos humanos, esta tendencia implica una desigualdad frente a otros delitos y debilita el principio de justicia efectiva.
La deuda de los “vuelos de la muerte”
En relación a uno de los métodos más brutales del terrorismo de Estado, los denominados “vuelos de la muerte”, la Justicia solo logró condenar a 9 pilotos:
- 6 en causas de Campo de Mayo
- 3 en la megacausa de la ESMA
El dato expone las dificultades para avanzar sobre responsabilidades directas dentro de las Fuerzas Armadas y romper pactos de silencio.
Contexto político y advertencias
El informe también se inscribe en un contexto de tensiones con el gobierno de Javier Milei, al que distintos sectores acusan de recortar políticas de memoria y debilitar áreas clave para el acompañamiento a las víctimas.
En ese marco, Llonto advirtió sobre la falta de aporte estatal a las investigaciones y la desarticulación de equipos técnicos que colaboraban con los juicios.
Una justicia en disputa
A 50 años del golpe, el proceso argentino sigue siendo un ejemplo global, pero enfrenta nuevos desafíos: el paso del tiempo, las limitaciones judiciales y un contexto político que reabre debates sobre memoria, verdad y justicia.
Más que cifras, los números reflejan una tensión vigente: la de sostener el juzgamiento de los crímenes del pasado frente a intentos —denunciados por distintos sectores— de relativizarlos o dar por cerrada esa etapa.