La administración de Javier Milei avanza con un plan de ajuste que contempla una fuerte reducción del empleo estatal durante 2026. Según trascendió, el objetivo oficial sería recortar alrededor del 10% de la planta pública, lo que implicaría la eliminación de más de 27.000 puestos de trabajo en todo el país.

Un recorte en etapas

De acuerdo a la información difundida por La Nación, en una primera etapa el Ejecutivo buscaría concretar entre 5.000 y 6.000 desvinculaciones en distintas áreas de la administración central. Sin embargo, esta cifra sería solo el inicio de un proceso más amplio.

El ajuste no se limitaría a la Administración Pública Nacional, sino que también alcanzaría a empresas y sociedades del Estado, en línea con la intención de achicar la estructura estatal.

El contexto económico

La decisión estaría vinculada a la necesidad de sostener el equilibrio fiscal en un escenario marcado por la caída de la recaudación impositiva. Según datos del INDEC, el sector público nacional contaba con 278.705 empleados a comienzos de este año.

A su vez, el último informe oficial indicó que el desempleo alcanzó el 7,5% al cierre de 2025, afectando a más de 1,7 millones de personas, lo que configura un escenario social delicado.

Impacto en las provincias

La posible reducción genera incertidumbre en distintas regiones del país, especialmente en aquellas con fuerte dependencia del empleo estatal, como Santiago del Estero.

En ese sentido, la eventual eliminación de miles de puestos podría profundizar las dificultades laborales en el interior, donde el sector público cumple un rol clave en la economía local.

Un escenario en debate

La iniciativa forma parte de la política de ajuste impulsada por el Gobierno nacional, que busca reducir el gasto público. No obstante, la magnitud del recorte y su impacto social abren un debate sobre las consecuencias en el empleo y la actividad económica en el corto y mediano plazo.