La provincia de Santiago del Estero se encuentra consternada tras el fallecimiento de Shadya Altamirano, una joven abogada que se quitó la vida un mes después de haber denunciado a su expareja por la difusión de material íntimo. El caso, originado en la localidad de Pinto, ha puesto el foco en las graves consecuencias de la violencia digital y en la eficacia de la respuesta institucional ante situaciones de extrema vulnerabilidad.

Según el testimonio de su madre, la joven atravesaba un profundo sufrimiento debido a la repercusión social del hecho, manifestando con angustia que su intimidad había quedado expuesta ante toda la comunidad. La denuncia formal fue radicada el pasado 1 de marzo, luego de que el material fuera presuntamente compartido en un grupo de mensajería, lo que también motivó una denuncia por amenazas contra el hombre implicado.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que en su momento se ofrecieron medidas de protección, como el botón antipánico, aunque señalaron que la víctima no habría aceptado la herramienta. Sin embargo, la familia cuestionó duramente la actuación estatal, asegurando que se dio aviso previo a la Policía sobre el frágil estado emocional de la joven y sus antecedentes médicos, sin obtener el acompañamiento necesario para evitar este desenlace.

Tras el hallazgo del cuerpo, la Justicia local ordenó la realización de una autopsia y el secuestro de dispositivos electrónicos para avanzar con las pericias técnicas. Mientras la investigación sigue su curso, el hecho ha generado un intenso debate en la sociedad sobre la responsabilidad penal en la difusión de contenido privado sin consentimiento y la urgencia de fortalecer los protocolos de asistencia integral para víctimas de acoso digital y violencia de género.