La transparencia en la gestión pública enfrenta un duro desafío tras la decisión del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11 de citar a indagatoria a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), junto a otros 34 implicados. La medida, dispuesta por el juez Ariel Lijo, se enmarca en una investigación por un presunto fraude millonario mediante el desvío de fondos destinados a personas con discapacidad.

La Justicia Federal sostiene que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, funcionó dentro del organismo una estructura dedicada a manipular la compra de medicamentos e insumos de alto costo. Estas maniobras habrían afectado directamente al Programa Federal Incluir Salud, orientado a la atención de los sectores más vulnerables del país. Como parte del proceso, se ordenó la inhibición general de bienes de todos los imputados para asegurar el resguardo de los activos estatales.

La investigación de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez detectó irregularidades en 21 licitaciones por un monto superior a los 30.337 millones de pesos. Según el expediente, solo dos droguerías concentraron el 93% de las adjudicaciones en procesos que habrían sido direccionados a cambio de retornos. El mismo esquema de cartelización se habría aplicado en la adquisición de prótesis, insumos cardiológicos y sillas de ruedas, utilizando sistemas de información oficiales para facilitar el saqueo del erario público.

Las declaraciones indagatorias están programadas para comenzar el próximo 28 de abril y se extenderán durante todo el mes de mayo. El avance de esta causa pone bajo la lupa la gestión administrativa de los últimos años en la ANDIS y expone un mecanismo de corrupción que perjudicó directamente a los beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad en todo el territorio nacional.