En un nuevo capítulo de la disputa judicial por la reforma laboral, el juez Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N°63, defendió su competencia para intervenir en la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT). El magistrado rechazó un pedido de inhibitoria que buscaba trasladar el expediente al fuero Contencioso Administrativo Federal, un movimiento que el Gobierno impulsaba con el objetivo de cambiar el ámbito de resolución de la controversia.
El juez argumentó que el conflicto central gira en torno a instituciones exclusivas del derecho laboral, tales como el derecho de huelga, las convenciones colectivas, las indemnizaciones y la libertad sindical. Según el fallo, la mera participación del Estado Nacional no justifica automáticamente el paso al fuero Contencioso Administrativo, ya que lo que se discute no es un acto administrativo puntual, sino la constitucionalidad de un régimen que afecta directamente la relación entre trabajadores y empleadores.
Puntos clave de la resolución judicial
- Competencia Material: El magistrado sostuvo que la especialización de la Justicia del Trabajo es la adecuada para tratar temas como el trabajo de plataformas, el período de prueba y las negociaciones colectivas.
- Figura del Estado: Ojeda distinguió entre el «Estado empleador» y el «Estado legislador». Consideró que, al cuestionarse la constitucionalidad de una ley, se demanda al Estado en su rol legislativo, lo cual no obliga a abandonar el fuero laboral.
- Derecho al Juez Natural: El fallo advierte que trasladar la causa obligaría a la CGT a litigar ante un órgano que no es el previsto por la ley para estas materias, lesionando el derecho al debido proceso.
El Gobierno busca la intervención de la Corte Suprema
Ante los sucesivos reveses en la justicia laboral, el Poder Ejecutivo ha decidido activar la vía del per saltum. A través de la Procuración del Tesoro, se solicitó a la Corte Suprema de Justicia que intervenga de manera directa para frenar la medida cautelar que mantiene suspendidos 83 artículos de la Ley de Modernización Laboral.
El argumento del Gobierno ante el máximo tribunal se basa en que el fallo de primera instancia fue dictado por un juez «incompetente» y que no existiría una lesión real que justifique la legitimación activa de la central obrera para frenar la normativa.
Ampliación del frente gremial
En paralelo a la resolución de Ojeda, las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores) solicitaron formalmente ser incorporadas a la demanda de la CGT. Los líderes sindicales Hugo Godoy y Hugo Yasky fundamentaron el pedido en la necesidad de evitar sentencias contradictorias y reforzar el planteo de inconstitucionalidad contra una reforma que, denuncian, vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales.