En una jornada de alta tensión judicial, el juez federal Sebastián Argibay desestimó el pedido de detención contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino. El planteo había sido impulsado por el fiscal Pedro Simón en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, que incluía sospechas de desvío de fondos, evasión fiscal y maniobras cambiarias.

Al rechazar la solicitud, el magistrado consideró que las acusaciones fiscales eran «genéricas» y carecían de un hecho concreto y delimitado para sustentar una causa penal de tal magnitud.

Incompetencia y traslado del expediente

Tras desestimar las detenciones, Argibay se declaró incompetente para continuar al frente del caso. Resolvió remitir todas las actuaciones al Juzgado Federal de Campana, bajo la titularidad de Adrián González Charvay, donde ya existen investigaciones previas vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino.

Cruce de fallos y recusación

La resolución se dio en un contexto administrativo complejo:

• Apartamiento: Horas antes de la firma, la Cámara Federal de Tucumán había decidido apartar a Argibay del expediente debido a cuestionamientos por un presunto vínculo indirecto en una operación inmobiliaria bajo la lupa.
• Falta de notificación: Pese al fallo de la Cámara, el juzgado de Argibay aún no había sido notificado formalmente al momento de emitir su última resolución, por lo que el rechazo de las detenciones quedó registrado antes del traspaso de mando.

Con este escenario, el futuro de la investigación queda supeditado al análisis de la Justicia Federal de Campana, que deberá determinar si existen méritos suficientes para profundizar en las hipótesis de lavado de dinero o si mantiene el criterio de falta de precisión señalado por el juez saliente.