Un escándalo internacional sacude a Sri Lanka tras la detención de un grupo de 22 monjes budistas en el Aeropuerto Internacional Bandaranaike. Los religiosos, que regresaban de un viaje a Tailandia, fueron interceptados con un millonario cargamento de sustancias prohibidas oculto en sus equipajes, lo que generó una fuerte condena de los líderes espirituales del país.
El operativo, realizado en la terminal de Katunayake, permitió el hallazgo de entre 110 y 120 kilogramos de estupefacientes, principalmente cannabis tipo “Kush” y hachís, distribuidos en compartimentos falsos de las valijas de los detenidos.
Un cargamento millonario y una logística bajo sospecha
Según las estimaciones de la Aduana y la Oficina de Narcóticos, el valor de la droga secuestrada asciende a los 3,5 millones de dólares (más de 1.100 millones de rupias de Sri Lanka). Las autoridades investigan los detalles de un viaje que levanta sospechas de una organización criminal:
- El itinerario: Los monjes viajaron el 22 de abril a Bangkok y permanecieron allí solo cuatro días.
- El financiamiento: El traslado habría sido costeado por un «patrocinador» externo, cuya identidad es clave para la causa.
- El camuflaje: Para disimular la droga, los sospechosos llevaban también dulces y materiales escolares en sus pertenencias.
Investigación sobre la red de tráfico
La causa sumó la detención de un vigésimo tercer monje en las afueras de Colombo, quien es señalado como el presunto organizador logístico de la maniobra. La mayoría de los implicados son jóvenes de entre 19 y 28 años pertenecientes a diversos templos e instituciones de formación religiosa.
Por disposición de la Justicia de Negombo, todos los involucrados permanecerán bajo custodia federal mientras se profundiza la búsqueda de los financistas y las conexiones internacionales de la red.
Reacción institucional y contexto nacional
El impacto del caso obligó a un pronunciamiento de las principales órdenes budistas del país (Siyam, Amarapura y Ramanna), las cuales repudiaron el uso del hábito para actividades delictivas y anunciaron que expulsarán a quienes resulten culpables.
Este episodio se produce en un momento de extrema sensibilidad, ya que el gobierno del presidente Anura Kumara Dissanayake se encuentra ejecutando la campaña nacional “Una Nación Unida”, una iniciativa lanzada en 2025 para combatir el narcotráfico con el apoyo de todas las comunidades religiosas. El escándalo pone de manifiesto la vulnerabilidad de las instituciones ante el intento de las redes criminales de utilizar símbolos sagrados como cobertura para el tráfico de drogas.