La Cámara de Apelaciones y de Control en lo Penal de Santiago del Estero rechazó los recursos presentados por las defensas y confirmó las sentencias en la causa Cautelares, un expediente histórico que reveló una red de corrupción judicial. El fallo ratifica la responsabilidad del empresario Luis Manuel Pericás, conocido como el «Maestro del Delito», y de tres exmagistrados provinciales en una maniobra fraudulenta que perjudicó a la administración pública de Tucumán.

Las condenas confirmadas

La resolución de la Cámara alcanza a los siguientes protagonistas del caso:

• Luis Manuel Pericás: Empresario, señalado como el autor de defraudación calificada.
• Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra y Miguel Ángel Moreno: Exjueces santiagueños, condenados por prevaricato y defraudación calificada en calidad de partícipes necesarios.
• Eduardo Antuz: Exempleado judicial involucrado en la logística de la maniobra.

Las penas ratificadas llegan hasta los cuatro años y seis meses de prisión, sumadas a inhabilitaciones especiales para ejercer cargos públicos en el caso de los exmiembros del Poder Judicial.

La mecánica del fraude

La investigación, que se inició en 2016 a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Estado de Tucumán, determinó que los entonces jueces santiagueños utilizaron medidas cautelares irregulares para ordenar embargos millonarios sobre fondos públicos tucumanos.

• Monto del perjuicio: Se estima que los embargos superaron los diez millones de pesos (valor histórico de la época).
• Desviación de poder: El tribunal consideró probado que no se trató de una disputa patrimonial legítima, sino de una estructura montada para favorecer intereses privados de Pericás utilizando herramientas legales de manera espuria.

Un caso de alto impacto institucional

Con este fallo de la Cámara, el proceso se encamina a su cierre definitivo en la instancia ordinaria. La causa Cautelares ha sido emblemática para Santiago del Estero, no solo por la complejidad de la maniobra, sino por haber puesto en evidencia la complicidad entre el poder económico y sectores de la justicia.

Desde la detención de Pericás en Buenos Aires en 2016 hasta esta confirmación, el expediente atravesó casi una década de apelaciones, nulidades y recusaciones. La decisión judicial actual refuerza la institucionalidad al castigar el uso del cargo público para el enriquecimiento ilícito y la malversación de fondos estatales.