La Cámara Federal porteña dejó sin efecto el procesamiento y el embargo que pesaban sobre el expresidente Alberto Fernández en la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales. La Sala II del tribunal dictó la falta de mérito, una resolución intermedia que indica que, por el momento, no existen pruebas suficientes para procesarlo ni para desvincularlo definitivamente del expediente.
La decisión, adoptada este jueves 7 de mayo de 2026, fue firmada por los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun, con la adhesión parcial de Eduardo Farah, en cumplimiento de una orden previa de la Cámara Federal de Casación Penal que había anulado el procesamiento dictado en primera instancia.
Puntos clave del fallo
La resolución de la Cámara Federal implica un giro importante en la situación procesal del exmandatario:
- Anulación de cargos: Se revocó la acusación por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, la cual se centraba en el sistema de intermediación de seguros durante su gestión.
- Levantamiento de embargos: Al quedar sin efecto el procesamiento, también se levantaron las medidas cautelares sobre el patrimonio de Fernández.
- Continuidad de la investigación: La falta de mérito no significa un sobreseimiento. El exjefe de Estado sigue bajo investigación y el expediente regresa al juzgado de instrucción.
El rol de Ariel Lijo y los próximos pasos
Con este nuevo escenario, el juez federal Ariel Lijo (quien subroga el Juzgado Federal N.º 11) deberá impulsar nuevas medidas de prueba para definir el futuro judicial del expresidente. Entre las diligencias pendientes se encuentran:
- Nuevos testimonios: Se busca profundizar en la ejecución del Decreto 823/2021, que centralizó las pólizas en Nación Seguros S.A.
- Análisis de intermediarios: Se continuará investigando el rol de brokers privados, entre ellos Héctor Martínez Sosa y su relación con María Cantero, exsecretaria privada de Fernández, para determinar si existió un direccionamiento de contratos y comisiones indebidas.
Contexto de la causa
La investigación analiza si la normativa implementada durante la administración anterior facilitó un esquema de negocios que perjudicó al Estado en beneficio de intermediarios cercanos al poder. Según el fiscal José Luis Agüero Iturbe, es necesario agotar la recolección de evidencia antes de avanzar hacia una nueva definición procesal que podría derivar en un nuevo procesamiento, el sobreseimiento o una elevación a juicio una vez que se esclarezca el manejo económico de las pólizas públicas.