La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) manifestó su profunda preocupación ante el desfinanciamiento y cierre de dependencias estatales estratégicas. La entidad advirtió que estas medidas comprometen la protección del empleo formal, la seguridad social y el resguardo de los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad.
El pronunciamiento fue impulsado por el defensor del pueblo de Santiago del Estero, Dr. Daniel Escobar Correa, quien vinculó estas políticas de ajuste fiscal con un debilitamiento directo de las facultades de control y asistencia del Estado Nacional.
Alerta por la informalidad laboral
ADPRA puso especial énfasis en el impacto negativo que el cierre de oficinas territoriales y delegaciones tiene sobre la fiscalización del trabajo. Entre los puntos más críticos señalados se encuentran:
- Debilitamiento de controles: La reducción de recursos para el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) dificulta el combate contra el empleo no registrado.
- Aumento de la vulnerabilidad: Se advierte que la menor presencia estatal derivará en mayores niveles de informalidad laboral y una desprotección generalizada de los trabajadores.
- Afectación de programas: Los recortes alcanzan también a programas de apoyo a la registración y fomento del empleo, fundamentales en el contexto económico actual.
Pedido de informes al Ministerio de Capital Humano
En el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, la asociación presentó un requerimiento formal ante la ministra Sandra Pettovello. El objetivo es obtener precisiones técnicas sobre la reestructuración del área laboral desde diciembre de 2023.
Los puntos principales del pedido incluyen:
- Datos de personal: Cantidad exacta de trabajadores desvinculados en el área.
- Estado de las delegaciones: Listado de dependencias cerradas o reorganizadas en todo el país.
- Estadísticas de inspección: Detalle de las inspecciones laborales realizadas durante el año 2024 y cifras actuales de empleo informal por provincia.
- Continuidad de servicios: Explicación sobre cómo se garantiza la asistencia laboral en las zonas donde las oficinas dejaron de funcionar.
Defensa de derechos constitucionales
Para ADPRA, estas medidas no representan una simple optimización administrativa, sino un retroceso en la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones constitucionales. La entidad reafirmó su compromiso de vigilar la vigencia de los derechos económicos y sociales, instando al Gobierno Nacional a revisar el impacto de estas decisiones para evitar una mayor degradación del tejido social y laboral en las provincias.