La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo frente de conflicto tras la presentación espontánea en tribunales del contratista Matías Tobar. El empresario aportó documentación comercial y registros de conversaciones que exponen un elevado nivel de gastos en dólares de la familia presidencial y presuntos intentos por influir en los testimonios de los testigos de la causa.
Pese al avance del expediente judicial, el presidente Javier Milei ratificó su respaldo político al funcionario mediante un encuentro de gestión en la Quinta de Olivos, una estrategia orientada a transmitir normalidad institucional ante las denuncias.
Obras suntuosas y pagos en dólares en efectivo
En su ampliación de declaración, Tobar ratificó que el costo global de las refacciones efectuadas en la propiedad de Adorni, ubicada en el country Indio Cua, ascendió a USD 245.000, abonados bajo la modalidad de efectivo en moneda extranjera. El contratista entregó a la Justicia facturas, remitos y capturas de pantalla que detallan el equipamiento de la vivienda:
- Mobiliario: Compras registradas por un valor aproximado de USD 10.000.
- Grupo electrógeno: Adquisición de un generador valuado en USD 9.100, facturado por Esteban Lizazo, concejal de La Libertad Avanza.
- Aberturas: Un remito que detalla la compra de ventanas por un monto de USD 31.156.
- Bomba de agua y climatización: Facturas por una bomba de USD 3.096 y registros de la compra de seis equipos de aire acondicionado nuevos tras descartar la reparación de una unidad preexistente.
Los montos expuestos profundizaron las inconsistencias señaladas por los investigadores respecto al poder adquisitivo del funcionario, cuyo salario neto como jefe de ministros asciende actualmente a $7.272.091 brutos mensuales.
Mensajes efímeros y presiones bajo análisis
El material tecnológico aportado a la causa expone la preocupación del entorno de Adorni por unificar versiones antes de las declaraciones testimoniales. Los chats presentados por el contratista revelan un intercambio de audios y textos donde el funcionario intentaba coordinar las respuestas ante el juzgado.
De acuerdo con el expediente, el jefe de Gabinete envió mensajes bajo la modalidad de visualización única —los cuales posteriormente fueron eliminados de los dispositivos— asegurándole al empresario que la Justicia no lograría recuperar las comunicaciones y requiriendo que se mantuviera «alineado» con el equipo de la Jefatura. Ante la insistencia, Tobar solicitó formalmente el cese de los contactos telefónicos para evitar entorpecer su situación legal.
Respaldo político de la primera línea oficialista
En paralelo al avance de las pericias contables, el Poder Ejecutivo desplegó una agenda de sobreexposición pública del funcionario para disipar el impacto mediático de las denuncias. Milei encabezó una reunión de trabajo en Olivos junto a Adorni y el canciller Pablo Quirno, desestimando de forma momentánea las versiones sobre un eventual relevo en el organigrama ministerial.
Asimismo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió públicamente la idoneidad del jefe de Gabinete. El ministro ponderó la conducción del funcionario en la administración pública, minimizó las imputaciones y aseguró que el Presidente mantiene plena confianza en la transparencia de su gestión, delegando la resolución del conflicto estrictamente en los plazos del Poder Judicial.