Luego de la desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada durante el mes de abril, el Gobierno nacional resolvió intensificar su estrategia macroeconómica con el propósito de consolidar la tendencia a la baja de la inflación a lo largo de mayo y los meses subsiguientes. Para ello, los equipos técnicos focalizaron su atención y regulaciones en tres componentes neurálgicos de la canasta: las tarifas de los servicios públicos, los combustibles y los alimentos de primera necesidad.

La administración de Javier Milei, en una tarea articulada junto al Palacio de Hacienda que conduce el ministro de Economía Luis Caputo, busca quebrar de manera definitiva la inercia de los precios. La metodología elegida combina la aplicación de ajustes moderados en el segmento de los precios regulados con entendimientos específicos con sectores productivos para amortiguar el impacto directo sobre los ingresos de la población.

Contención en los servicios públicos y transporte

Dentro de las determinaciones tomadas en el rubro tarifario, el Ejecutivo nacional optó por limitar las solicitudes de aumentos y postergar cargas imprevistas en los servicios esenciales de agua, electricidad y gas de red.

Entre las principales disposiciones en esta materia se destacan:

• Postergación de costos energéticos: Se decidió diferir hasta el mes de noviembre el traslado a los cuadros tarifarios residenciales y comerciales del mayor costo derivado de las importaciones de gas natural licuado y complementario gestionado a través de la empresa estatal Enarsa.
• Esquema de transporte: En el segmento del transporte público de pasajeros se optó por un esquema de incrementos escalonados y paulatinos, evitando de esta forma un impacto brusco en la medición del indicador inflacionario mensual.

Tregua de precios en combustibles

En lo que respecta al mercado de hidrocarburos y tras los incrementos acumulados que se habían verificado en marzo, la Secretaría de Energía alcanzó un entendimiento con las principales compañías refinadoras y comercializadoras del país, encabezadas por la firma YPF.

El acuerdo sectorial estipula mantener los valores en surtidor prácticamente estables por un lapso de 45 días. En sintonía con esta medida, el Poder Ejecutivo dispuso una actualización mínima en la alícuota del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) aplicable sobre las naftas y el gasoil, evitando trasladar mayores presiones fiscales a los precios finales de comercialización.

El comportamiento de la canasta alimentaria

El rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, considerado clave por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para medir la inflación núcleo, comenzó a evidenciar señales de estabilización al inicio de mayo. De acuerdo con las mediciones de la consultora económica privada LCG, se registró una retracción semanal del 0,8% en el promedio general de esta categoría.

La consolidación de esta tendencia a la baja en las góndolas fortalece las proyecciones técnicas de las autoridades económicas para encarar la segunda mitad del año con perspectivas de estabilización monetaria más firmes y un horizonte previsible para el consumo interno.