La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) manifestó su “preocupación institucional” frente a la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte. Dicha normativa elimina el régimen de compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte automotor interjurisdiccional por la emisión de pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, personas trasplantadas y menores con cáncer. Aunque la medida oficial sostiene que el derecho a la gratuidad permanece vigente y que las empresas pueden absorber el costo dentro de su estructura, el organismo advirtió que la decisión podría generar un impacto negativo en el acceso efectivo al beneficio si no cuenta con nuevos mecanismos de control.
Desde la entidad señalaron que el derecho puede quedar formalmente vigente pero vaciado en su aplicación práctica. Entre las posibles consecuencias, advirtieron sobre una potencial reducción de cupos, trabas en el sistema de reservas o limitaciones operativas en los servicios menos rentables. Además, alertaron que la medida podría considerarse regresiva en términos de derechos económicos y sociales, recordando que el Estado tiene la obligación constitucional e internacional de garantizar la igualdad real de oportunidades.
Los pedidos de ADPRA al Estado Nacional
Ante este escenario, la asociación de defensores presentó una serie de solicitudes formales para salvaguardar los derechos de los usuarios afectados:
- Sistema de trazabilidad: Demandaron la creación de un sistema específico de control, auditoría y trazabilidad para el otorgamiento de los pasajes gratuitos.
- Régimen sancionatorio: Solicitaron el fortalecimiento de las sanciones ante eventuales incumplimientos por parte de las empresas de transporte.
- Alternativas de reserva: Reclamaron garantías de acceso al sistema de reservas que incluyan alternativas no digitales para los beneficiarios.
- Informe oficial: Exigieron la presentación de un informe oficial en un plazo de 30 días respecto a las medidas que se tomarán para asegurar el transporte gratuito.
- Contexto del sector: Advirtieron que esta quita se suma a otras dificultades del sector, como retrasos arancelarios y recortes en políticas públicas para personas con discapacidad.
- Firmas institucionales: El documento fue refrendado por la presidenta de ADPRA, María Rosa Muiños, junto a las autoridades federales Facundo Matías Mancebo, María Florencia Peñaloza, José Leonardo Gialuca, Claudia Bard y el vocal por Santiago del Estero, Dr. Daniel Escobar Correa.