La salida de José García Hamilton de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, oficializada por el ministro Luis Caputo bajo el argumento de «razones personales», estuvo motivada en realidad por severas discrepancias jurídicas respecto al proyecto del «Súper RIGI» enviado al Congreso de la Nación. Fuentes cercanas al Palacio de Hacienda revelaron que el funcionario saliente se negó a estampar su firma en el dictamen técnico que validaba legalmente la iniciativa regulatoria. El desacuerdo principal radicaba en las cláusulas de resolución de controversias, las cuales imponen mecanismos de arbitraje internacional obligatorios y limitan de forma taxativa la participación de especialistas locales en los tribunales designados.
Las prerrogativas contenidas en el articulado del nuevo régimen de inversiones ya venían cosechando reparos por parte de bloques opositores y sectores federales, quienes consideran que la preeminencia del marco normativo federal sobre las autonomías provinciales vulnera los principios de la Carta Magna. Con el desplazamiento de la conducción del área técnica, la jefatura de la cartera económica busca alinear los criterios jurídicos del gabinete con las directivas políticas de la Casa Rosada para acelerar la defensa del paquete de desregulación en las comisiones parlamentarias.
Ejes del conflicto jurídico, antecedentes de bajas y el perfil del sucesor
Los motivos de fondo de la renuncia, los antecedentes de relevos en la gestión económica y la procedencia del nuevo secretario se estructuran a continuación:
- Disputa por el arbitraje externo: García Hamilton rechazaba las condiciones del Súper RIGI que establecen que ningún árbitro de los tribunales de equidad podrá ser de nacionalidad argentina ni poseer el origen del accionista mayoritario del proyecto de inversión.
- Foros internacionales designados: El marco normativo estipula que los litigios que surjan entre las corporaciones y el Estado nacional deberán dirimirse de manera obligatoria ante el CIADI, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Internacional de Arbitraje.
- Cuestionamientos por soberanía: Sectores de la oposición técnica advierten que el proyecto consagra una cesión inconstitucional de soberanía, al decretar la nulidad absoluta de cualquier ley local, provincial o municipal que colisione con los beneficios otorgados durante los 30 años de estabilidad fiscal garantizados.
- Eufemismos recurrentes: El recurso de las «razones personales» para justificar alejamientos ya fue empleado por la cartera en febrero de 2026 tras la salida del secretario de Finanzas, Alejandro Lew —por diferencias en la estrategia de deuda—, y en enero ante la baja del secretario de Transporte, Luis Pierrini, salpicado por denuncias vinculadas a subsidios.
- Designación del reemplazante: El abogado designado para asumir la conducción de la Secretaría Legal y Administrativa es Juan Ignacio Stampalija, quien hasta el momento ocupaba una de las subprocuradurías de la Procuración del Tesoro de la Nación.
- Trayectoria y alineamiento político: Stampalija cuenta con antecedentes inmediatos en el equipo jurídico del Estado que intervino en el litigio internacional por la expropiación de YPF en los tribunales de Nueva York, y responde políticamente al esquema de conducción que encabeza el asesor presidencial Santiago Caputo.