La discusión orientada a establecer el régimen de Ficha Limpia en el territorio de Santiago del Estero ha dejado de ser una bandera exclusiva de un sector político determinado para transformarse en una demanda transversal que abarca a la agenda pública general. En los últimos años, diversas iniciativas impulsadas por diferentes espacios partidarios comenzaron a converger en la necesidad de fijar límites precisos para el acceso a la función pública de aquellas personas que registren condenas por la comisión de delitos graves. Este escenario de debate institucional recobró un impulso significativo a partir de la presentación reciente de proyectos normativos en tres estamentos legislativos diferenciados, cuyos fundamentos comparten el diagnóstico de que resulta indispensable elevar los estándares de ética pública para recuperar la confianza ciudadana.
La primera de las propuestas fue introducida en el Parlamento del Norte Grande por la diputada Verónica Larcher, quien promovió un proyecto de declaración con el propósito de invitar a las provincias que integran la región a reformar sus respectivas legislaciones electorales. La iniciativa busca inhabilitar a personas que cuenten con sentencia firme por determinados delitos para postularse a candidaturas o ejercer cargos partidarios, fundamentando que el sistema representativo se estructura sobre principios morales y éticos esenciales para la república, en sintonía con los compromisos internacionales asumidos por el país para combatir la impunidad.
Posteriormente, el Frente Renovador encauzó la discusión hacia el plano local mediante un proyecto de ordenanza presentado ante el Concejo Deliberante de la ciudad de La Banda. Bajo la premisa de que la corrupción socava los cimientos democráticos y desgasta la credibilidad en los representantes, esta propuesta aspira a restringir el acceso a la administración pública no solamente a los candidatos electivos, sino también a los funcionarios designados por decreto y a los miembros de organismos descentralizados, argumentando que el derecho a ser elegido debe armonizarse con la preservación de la idoneidad constitucional.
Finalmente, el tratamiento de esta reforma ingresó de manera formal a la Cámara de Diputados de la Provincia a través de un proyecto de ley auspiciado por una legisladora perteneciente al espacio de La Libertad Avanza. El texto normativo propone prohibir de forma taxativa las postulaciones a cargos provinciales, municipales y partidarios a personas que hayan sido condenadas por delitos contra la administración pública, hechos de corrupción, narcotráfico, trata de personas, delitos de índole sexual y homicidios agravados. Los fundamentos de esta última presentación hacen eco de una exigencia social por mayores niveles de transparencia, advirtiendo que los procesos electorales no pueden ser utilizados como herramientas de legitimación para ciudadanos con antecedentes incompatibles con el ejercicio de la función pública.