La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Santiago del Estero, encabezada por Luis Ger, manifestó su profundo rechazo al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo nacional que pretende derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal. A través de esta postura, el organismo capitalino adhirió al pronunciamiento de la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina en defensa de una herramienta que considera fundamental para la salud pública, el derecho a la información y la protección de los consumidores. Desde la institución advirtieron que la eliminación de la norma no se limita a quitar las advertencias de los envases, sino que desmantela un conjunto integral de políticas públicas que regulan la publicidad dirigida a las infancias, promueven entornos escolares saludables y fijan criterios nutricionales para las compras del Estado.

La fundamentación del rechazo recuerda que la legislación nació para combatir una realidad sanitaria alarmante caracterizada por el crecimiento del sobrepeso, la obesidad infantil, la diabetes tipo dos y las enfermedades cardiovasculares derivadas del consumo de productos ultraprocesados con altos niveles de azúcares, sodio y grasas. El organismo sostiene que el etiquetado frontal equilibra la relación desigual entre las corporaciones y los compradores, garantizando la información clara necesaria para que los ciudadanos ejerzan una verdadera libertad de elección. Esta protección resulta clave para los menores de edad y las familias de menores ingresos, quienes requieren de mecanismos simples para conocer la composición real de los alimentos frente a estrategias publicitarias que inducen al error.

Finalmente, la Defensoría alertó que la derogación de la norma representa un grave retroceso institucional y vulnera el principio constitucional de no regresividad de los derechos económicos y sociales reconocido por los tratados internacionales. Bajo la premisa de que la salud pública y la protección de la infancia no son reglas que puedan quedar libradas exclusivamente al mercado, el organismo remarcó que la prevención es además una política eficiente que evita los altos costos económicos de las enfermedades crónicas. Por estos motivos, exhortó a los legisladores nacionales a frenar la iniciativa gubernamental y preservar los derechos conquistados que el Estado tiene la obligación de garantizar.