El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, se encuentra en el centro del debate político tras reconocer públicamente haber omitido la declaración de aproximadamente 500.000 dólares en sus presentaciones patrimoniales previas ante la Oficina Anticorrupción. El funcionario nacional argumentó que la situación ya fue regularizada a través de la presentación de declaraciones juradas rectificativas ante los organismos de control pertinentes, lo que motivó una defensa explícita de su gestión por parte del presidente Javier Milei.
Los detalles técnicos de los activos regularizados, los mecanismos de adquisición y las repercusiones políticas se desarrollan en los siguientes apartados:
Origen de los fondos en criptomonedas y rectificación fiscal
En el marco de una entrevista televisiva, Adorni detalló que los fondos en cuestión provienen de su actividad profesional en el ámbito privado y de ahorros familiares acumulados. El jefe de Gabinete especificó que en el año 2013 destinó un capital aproximado de 200.000 dólares a inversiones en criptoactivos, específicamente bitcoin, maniobra que le generó rendimientos y ganancias de capital por un valor estimado en 300.000 dólares. El funcionario indicó que inició la liquidación parcial de estos activos a partir de 2018 y que, de cara al vencimiento de la presentación anual fijado para el 31 de julio, optó por adelantar el trámite e ingresar las rectificaciones de los períodos fiscales omitidos, comprometiéndose al pago de las cargas impositivas correspondientes.
Respaldo del Poder Ejecutivo y adquisiciones inmobiliarias
Ante la repercusión mediática del caso, el ministro coordinador reveló que contempló inicialmente la posibilidad de presentar su renuncia al cargo, pero desistió tras recibir el apoyo de la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, y del propio primer mandatario. El presidente Javier Milei avaló la versión oficial mediante la replicación de mensajes institucionales en redes sociales, donde se cuestionó el tratamiento informativo y se encuadró el episodio dentro de una operatoria lícita del sector privado. Asimismo, Adorni desestimó las observaciones sobre la compra de una propiedad en el club de campo Indio Cuá, afirmando que la transacción inmobiliaria se financió mediante un mutuo lícito otorgado por un particular y que se encuentra debidamente documentada ante las autoridades de fiscalización vigentes.
