El Poder Judicial dará inicio este martes al proceso de juicio oral y público destinado a esclarecer las circunstancias que rodearon la desaparición del menor Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024. Las audiencias jurisdiccionales se llevarán a cabo en la capital de la provincia de Corrientes y se proyecta que la extensión del debate demande un periodo aproximado de seis meses debido a la complejidad de las actuaciones, la intervención de diecisiete personas imputadas y la citación de cerca de doscientos testigos por parte de las representaciones legales.
La distribución de los imputados según sus cargos procesales, la logística de las audiencias y las tesis del Ministerio Público se detallan a continuación:
Logística del tribunal y medidas de seguridad operativa en el recinto judicial
Por razones vinculadas a la capacidad edilicia y la preservación del orden público, las autoridades dispusieron que el debate se sustancie en las dependencias del Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional Argentina. El predio concentrará la actividad de los magistrados del tribunal, los equipos de la fiscalía general, las querellas particulares y los defensores técnicos, constituyendo el núcleo logístico para el tratamiento del expediente judicial.
Clasificación de los acusados por la sustracción de la víctima y el entorpecimiento de la causa
El universo de procesados se divide en dos estructuras delictivas bien diferenciadas por la plataforma fáctica de la acusación:
Coautores de la sustracción y el ocultamiento del menor de edad
Este núcleo principal se encuentra integrado por siete personas, en su mayoría asistentes al almuerzo familiar celebrado en la vivienda de la abuela del niño con anterioridad a su desaparición. Los imputados Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel Ramírez, el excomisario de la policía provincial Walter Maciel, y el matrimonio conformado por Carlos Pérez y Victoria Caillava afrontarán el juicio bajo la condición de prisión preventiva. Por su parte, Mónica Millapi participará de las jornadas de forma remota desde la provincia del Neuquén, donde cumple el régimen de arresto domiciliario.
Cargos por maniobras de desvío y entorpecimiento de la investigación judicial
Las diez personas restantes que se sentarán en el banquillo de los acusados responden por delitos asociados a la obstrucción de la justicia y el condicionamiento de testimonios clave durante la instrucción de la causa. Este sector, referenciado en las crónicas judiciales como los «falsos Dupuy», está acusado de articular estratagemas deliberadas tendientes a dilatar los operativos de búsqueda y obstaculizar la recopilación de material probatorio por parte de las fuerzas de seguridad federales.
Tesis del Ministerio Público Fiscal y valoración de los elementos probatorios
La hipótesis central que defenderán los fiscales durante el debate descarta de manera definitiva la posibilidad de un extravío accidental en las zonas de monte periféricas. La acusación pública sostendrá que existió una operación coordinada y planificada para retirar al menor del paraje rural, apoyándose en el análisis técnico de los registros telefónicos, el peritaje de rastros biológicos en vehículos secuestrados y las contradicciones manifiestas en las declaraciones testimoniales recabadas durante los dos años de investigación.
