El Gobierno nacional formalizó la adjudicación de la licitación internacional para la gestión de la Vía Navegable Troncal, consolidando la privatización de mayor envergadura económica e infraestructura en lo que va de la administración de Javier Milei. Mediante la resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), el control operativo de la principal arteria logística fluvial del país quedó en manos de la alianza empresarial conformada por la corporación belga Jan de Nul y la firma argentina Servimagnus.

La compulsa internacional se definió en la instancia de evaluación técnica a favor de Jan de Nul —firma que ya había operado el sistema de navegación entre 1996 y 2021— tras registrarse un empate exacto en las ofertas económicas con el grupo competidor Dredging Environmental and Marine Engineering (DEME). El proceso actual logró dejar atrás los cuestionamientos de un primer intento licitatorio anulado a principios de 2025 por denuncias de direccionamiento, cosechando esta vez el aval de los gobernadores de las provincias ribereñas y de las cámaras agroexportadoras.

Los compromisos de inversión privada, el impacto en la estructura de costos del comercio exterior y el esquema de flujo financiero proyectado se describen a continuación:

Modernización tecnológica y reducción de costos para el sector agroindustrial

La transferencia de la Hidrovía al sector privado representa un negocio global de dragado, señalización y balizamiento estimado en 15.000 millones de dólares. Para el complejo agroexportador de la región centro, que despacha por este curso fluvial el 80% de las exportaciones físicas totales de la Argentina, el nuevo contrato contempla un beneficio directo inmediato a través de una reducción inicial del 13,5% en las tarifas de peaje vigentes, lo que aliviará los costos logísticos de las más de 60 terminales portuarias operativas.

Asimismo, el pliego de condiciones técnicas obliga al consorcio adjudicatario a implementar tecnologías de última generación destinadas a incrementar la seguridad de la navegación y optimizar el control contra el narcotráfico en los nodos portuarios del río Paraná. Una vez firmado el contrato definitivo en un plazo máximo de 30 días, el Estado nacional abandonará las tareas de gestión directa para asumir un rol exclusivo de fiscalización y regulación.

Exigencia de capital y curva de recuperación de la inversión privada

El diseño financiero diseñado por el Ministerio de Economía exige al consorcio Jan de Nul – Servimagnus un desembolso intensivo de capital durante el primer tramo de la licencia, con inversiones destinadas a equipamiento y dragas de succión que oscilarán entre los 100 y 160 millones de dólares anuales durante los primeros seis años. Debido a este esquema de fuerte financiamiento inicial, la rentabilidad del proyecto se estructurará bajo plazos de amortización de largo aliento para los socios privados.

De acuerdo con las estimaciones técnicas oficiales del Palacio de Hacienda, el consorcio alcanzará el punto de equilibrio operativo al séptimo año de concesión, requiriendo un total de 13 años para registrar un flujo de caja libre acumulado con signo positivo. El recupero de estos fondos se sostendrá mediante el cobro directo de peajes a los buques de carga, proyectándose una facturación inicial de 289 millones de dólares anuales que escalará a 389 millones en el sexto año y trepará a 517 millones anuales una vez que se completen las obras de profundización del canal.