El senador nacional Eduardo «Wado» de Pedro formuló duras críticas contra la política de desregulación territorial del Poder Ejecutivo Nacional al alertar sobre el impacto soberano del capítulo III del proyecto denominado «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada». Durante una jornada de debate político y militancia desarrollada en la localidad bonaerense de Mercedes, el legislador sostuvo que la iniciativa oficialista impulsada por la administración de Javier Milei busca neutralizar de forma fáctica los alcances de la Ley 26.737 de Tierras, una normativa de control aprobada en el año 2011 con el propósito específico de fijar topes a la adquisición de suelo rural por parte de capitales e inversores extranjeros.
De Pedro enfatizó que la supresión de los filtros estatales sobre el mercado inmobiliario agrario expone los activos naturales más valiosos de la República Argentina a la especulación de corporaciones multinacionales y fondos soberanos de inversión. El parlamentario justicialista vinculó de forma directa el desarme de estas estructuras de control institucional con una vulneración de las zonas de seguridad fronteriza, argumentando que el retiro del Estado de los territorios periféricos debilita de forma colateral los esquemas de prevención frente a delitos complejos como el contrabando, la trata de personas y las redes de narcotráfico internacional.
Las objeciones al desplazamiento de los límites de extranjerización agraria, la vulnerabilidad de las reservas de recursos energéticos e hídricos, y el posicionamiento doctrinario del peronismo se describen a continuación.
Cuestionamientos a la eliminación de topes de tenencia extranjera y zonas de frontera
El eje central de la advertencia planteada por el senador se enfocó en la pérdida de las herramientas de regulación que permiten al Estado nacional, provincial y municipal auditar la transferencia de dominio de inmuebles rurales. De Pedro recordó que la legislación vigente impone un techo del 15% para la titularidad extranjera sobre la totalidad de la superficie rústica en cada jurisdicción del país, además de establecer que ninguna nacionalidad individual puede concentrar más del 30% de ese porcentaje asignado a extranjeros ni superar las mil hectáreas de extensión en las áreas clasificadas como zona núcleo productiva.
El proyecto de desregulación en debate parlamentario propone disolver estos parámetros de control, igualando las condiciones de compra de los inversores foráneos con las de los productores locales, con la única excepción de aquellos compradores que revistan la condición de Estados extranjeros o compañías con participación estatal mayoritaria. Para el senador bonaerense, este quiebre normativo desatiende el resguardo histórico que las naciones del hemisferio occidental aplican sobre sus fronteras geográficas, desarticulando las potestades de fiscalización interna y habilitando procesos de concentración de la tierra que atentan de forma directa contra el arraigo de las familias campesinas y las pequeñas unidades productivas argentinas.
Fragilidad de las reservas de agua dulce, suelo fértil y yacimientos de hidrocarburos
El análisis del legislador incorporó una descripción técnica referida a la magnitud de la riqueza geopolítica y económica que se localiza dentro de los límites del territorio nacional y que, según su postura, quedaría desprotegida bajo el nuevo marco civil. De Pedro subrayó la condición de la Argentina como el séptimo país con mayor extensión geográfica en el plano mundial, destacando su posicionamiento como poseedor de una de las cinco regiones con mayor disponibilidad de suelo fértil del planeta, la segunda reserva global de gas no convencional y el cuarto reservorio de petróleo no convencional, concentrado principalmente en la formación geológica de Vaca Muerta.
Asimismo, el dirigente del peronismo puso el acento en las reservas de agua dulce, señalando que al integrar los activos de la plataforma continental y el sector antártico, el país asume una centralidad estratégica fundamental en un contexto de escasez hídrica global. La modificación del régimen de tierras rurales facilitaría que grandes porciones de territorio que lindan con espejos de agua dulce navegables, lagos patagónicos y acuíferos subterráneos estratégicos pasen de forma definitiva a manos privadas de origen externo, perdiendo el sector público las capacidades de intervenir para priorizar el consumo humano o el riego de la producción agrícola local.
Defensa del territorio como componente indisoluble de la soberanía de la Nación
Hacia el cierre de sus declaraciones en Mercedes, donde compartió actividades junto al exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, Wado de Pedro convocó a las estructuras partidarias a organizar una resistencia institucional y legislativa para frenar el avance del proyecto oficialista en el Congreso de la Nación. El senador planteó que los sectores de la oposición no solo deben concentrarse en el diseño de un programa económico y social para cuando recuperen la conducción del Poder Ejecutivo, sino que deben asumir un rol activo en la defensa cotidiana de la soberanía territorial, los bienes comunes y la seguridad de las provincias del interior.
El referente opositor concluyó sus conceptos con una definición doctrinaria respecto del concepto de organización nacional, afirmando que una comunidad organizada se define a partir de la articulación armónica de su población, sus expresiones culturales, sus instituciones republicanas y el suelo físico donde se desenvuelve. En ese sentido, advirtió que la enajenación de los recursos naturales vacía de contenido real el concepto de autodeterminación, sintetizando su postura bajo la premisa de que no resulta factible edificar un proyecto de Patria integrada si el Estado renuncia a ejercer la soberanía efectiva sobre su propio territorio.