La Cámara de Diputados de la Nación sancionó la ley que convalida el acuerdo de pago definitivo para cancelar los litigios remanentes con los fondos acreedores Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, los cuales contaban con sentencias firmes dictadas en los tribunales federales de Nueva York. La iniciativa legislativa obtuvo la aprobación de la cámara baja al registrar 139 votos a favor y 97 en contra, logrando el oficialismo destrabar la convalidación del texto normativo a menos de una semana de que venciera la ventana de ejecución perentoria establecida con las firmas demandantes para el próximo 30 de junio.

El texto aprobado autoriza un desembolso global de u$s171 millones bajo el mecanismo técnico denominado «Entrega contra Pago», lo que representa una quita superior al 30% sobre el valor de las sentencias originales de la jurisdicción estadounidense. De acuerdo con el esquema de distribución financiera, el Estado nacional abonará la suma de u$s67 millones a la firma Bainbridge Ltd. y u$s104 millones a Attestor Value Master Fund LP, incorporando como contrapartida legal una cláusula de «standstill» que inhabilita de manera formal a los demandantes a promover nuevas acciones judiciales o entorpecer el financiamiento internacional de la República Argentina.

Las implicancias jurídicas sobre los bienes en el exterior y las argumentaciones contrapuestas de los bloques parlamentarios se describen a continuación.

Cese de los procesos de búsqueda de activos y las firmas del acuerdo de financiamiento

El Poder Ejecutivo Nacional remarcó en los fundamentos del proyecto que la aprobación legislativa acarreará la finalización inmediata de las investigaciones en curso sobre los patrimonios soberanos en el exterior. La aplicación de la ley clausura de forma definitiva los procesos de «Discovery» que las firmas acreedoras mantenían activos en plazas internacionales para identificar y embargar cuentas bancarias oficiales, dependencias diplomáticas, activos financieros y empresas públicas propensas a procesos de privatización.

La ingeniería financiera del acuerdo fue gestionada de manera directa por el secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase. El documento de transacción legal cuenta con las rúbricas de los apoderados autorizados de las corporaciones demandantes: Friedrich Andreae en representación de Attestor Value Master Fund LP y Trinity Investments DAC, Melanie Davidson por Brybrook Capital Hazelton, y Rubén Kliksberg por parte de la firma White Hawthorne.

Debate en el recinto entre los bloques de La Libertad Avanza, Encuentro Federal y Unión por la Patria

El tratamiento de la ley expuso severas discrepancias políticas respecto al manejo del endeudamiento público y las prioridades de la política financiera exterior:

• Posición Oficialista: El miembro informante del bloque de La Libertad Avanza, Alberto Benegas Lynch, defendió la necesidad de regularizar la situación crediticia para recuperar el prestigio internacional tras un cuarto de siglo de litigios. El legislador calificó a los sectores opuestos al proyecto como continuadores de las políticas que llevaron al cese de pagos del año 2001, argumentando que la medida cierra un ciclo de descrédito para el país.
• Objeciones de la Oposición Dialoguista: El titular del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, fundamentó su rechazo apuntando al incremento sostenido de la deuda externa bajo la actual administración y criticó la falta de concurrencia de las autoridades del Ministerio de Economía a las comisiones de control. Asimismo, advirtió que la norma colisiona con las disposiciones de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 al omitir la especificación de las fuentes de financiamiento presupuestario.
• Cuestionamientos del Justicialismo: Desde la bancada de Unión por la Patria, el diputado Hugo Yasky repudió los términos del convenio por considerar que convalida una maniobra de especulación en detrimento de las arcas públicas. El parlamentario denunció que el Estado asigna divisas para cancelar obligaciones con fondos de inversión que no realizaron desembolsos productivos en el territorio nacional, beneficiando a estructuras financieras radicadas en guarismos fiscales.