La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal desestimó el recurso de apelación interpuesto por los abogados defensores de Cristina Fernández de Kirchner, confirmando la continuidad y vigencia estricta de las condiciones de cumplimiento de su condena a seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario en el marco de la denominada causa Vialidad. El fallo emitido por el tribunal de alzada ratificó la obligatoriedad del uso del dispositivo de monitoreo satelital perimetral (tobillera electrónica) y convalidó las severas restricciones impuestas sobre los desplazamientos internos dentro del consorcio residencial, así como las pautas de control jurisdiccional previo para el ingreso de terceras personas al inmueble.

La resolución —que lleva las firmas de los magistrados Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña— respaldó en todos sus términos la resolución de primera instancia dictada a comienzos de junio por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, órgano encargado de la ejecución de la pena. La representación legal de la exvicepresidenta de la Nación había solicitado la remoción del mecanismo de geolocalización inercial, una mayor flexibilidad para la recepción de comitivas políticas o familiares y la libre accesibilidad a los espacios comunes descubiertos del edificio situado sobre la calle San José al 1111 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, planteos que fueron categorizados por los camaristas como jurídicamente improcedentes ante la ausencia de variables fácticas novedosas en el expediente.

Los fundamentos referidos a la inaplicabilidad de la progresividad penal en regímenes de excepción, el origen del endurecimiento de las pautas de concurrencia y las especificaciones horarias vigentes se detallan a continuación.

Criterios de ejecución penal sobre la modalidad de detención domiciliaria y el uso de espacios comunes

Al momento de fundamentar el rechazo de las solicitudes de flexibilización, los vocales de la Sala IV desarticularon el argumento defensivo sustentado en el principio de progresividad contemplado en la Ley N° 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Los jueces puntualizaron que los institutos de atenuación gradual y los estímulos de confianza están codificados de manera exclusiva para los internos alojados en establecimientos penitenciarios tradicionales de carácter cerrado o semicerrado, no resultando trasladables de forma automática ni analógica a la prisión domiciliaria, la cual constituye en sí misma una franquicia humanitaria excepcional que altera el régimen general de confinamiento.

En lo concerniente a las limitaciones de movimiento dentro de la estructura de propiedad horizontal de la calle San José, la resolución judicial ratificó las siguientes directivas de control:

• Prohibición de circulación y acceso sin custodia hacia la terraza común y los sectores de servicios compartidos del edificio para garantizar la inviolabilidad del perímetro de detención fijado por el software del dispositivo.
• Mantenimiento de la calibración de la tobillera electrónica conectada a la central de monitoreo del Servicio Penitenciario Federal, previéndose alertas automatizadas ante cualquier pérdida de señal o superación de los límites del departamento de residencia.
• Supeditación de eventuales traslados por razones médicas o de fuerza mayor a la expresa y anticipada autorización del tribunal de origen, con la correspondiente traza lograda por el rastreador.

El precedente del encuentro masivo de 2025 y las nuevas pautas cuantitativas de visitas

El endurecimiento de las condiciones de habitabilidad y el control de los ingresos al domicilio de la sentenciada reconoce como antecedente directo un incidente institucional registrado en el mes de noviembre de 2025. En aquella oportunidad, las auditorías de control interno constataron la presencia simultánea de nueve personas dentro de la unidad habitacional de la exjefa de Estado; si bien los concurrentes formaban parte de un listado preliminar provisto por la defensa técnica, el Tribunal Oral consideró que la aglomeración de visitas sin un visado judicial específico para esa fecha y hora vulneraba el espíritu de contención y aislamiento propio de la sanción penal, procediendo a restringir los permisos subsiguientes.

Bajo este marco conceptual convalidado por la Casación Penal, el andamiaje de visitas externas mantendrá un estricto ordenamiento de carácter restrictivo estructurado sobre tres variables obligatorias:

• Las solicitudes de ingreso de terceros ajenos al núcleo familiar directo deberán ser tramitadas ante el juzgado con una antelación mínima de 48 horas hábiles para su correspondiente evaluación y autorización explícita.
• Se establece un límite cuantitativo máximo de dos encuentros semanales coordinados, fijándose una extensión temporal perentoria de hasta dos horas de duración por cada jornada autorizada.
• Cada contingente habilitado para ingresar al departamento bajo custodia no podrá superar, bajo ninguna circunstancia o carácter de representación institucional, el número de tres personas en forma simultánea.