La ratificación de la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) consolidó el traspaso de la administración de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía Paraná-Paraguay) al ámbito privado por un período de 25 años. El Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, asumió la defensa pública y técnica del proceso licitatorio, calificando la adjudicación como un paso determinante para la modernización de la infraestructura fluviomarítima y la reducción de los costos logísticos integrales que afectan al sector agroexportador y agroindustrial de la República Argentina.

La aprobación del contrato de concesión, que prevé una prórroga opcional de cinco años adicionales, generó intensos debates en el arco político opositor y en sectores especializados del transporte portuario, donde se cuestionaron las condiciones de elegibilidad fijadas en los pliegos de bases y condiciones. Las críticas apuntan a un presunto direccionamiento que favoreció al consorcio integrado por la corporación belga Jan De Nul y la firma local Servimagnus, vinculando indirectamente el entramado de subcontratistas con esferas de asesoría gubernamental de la administración nacional.

Los argumentos económicos esgrimidos por el Palacio de Hacienda, el desglose financiero del esquema de peajes y la planificación del cronograma de traspaso definitivo se detallan a continuación.

Sostenibilidad técnica y la proyección de reducción de los costos de flete internacional

Frente a las impugnaciones mediáticas y los informes de auditoría civil que señalan la falta de diversificación en las ofertas finales, el equipo económico liderado por Luis Caputo estructuró un esquema de justificación basado en la optimización operativa de la navegación de gran calado. El argumento central del Ejecutivo radica en que la centralización de los trabajos de dragado, balizamiento y ensanche de los canales de paso garantizará una mayor previsibilidad para los buques de tipo Panamax que operan en las terminales del Gran Rosario.

Las metas operacionales ponderadas por el Ministerio de Economía comprenden las siguientes variables distributivas:

• Una disminución estimada del 13,5% en las tarifas logísticas de exportación, lo que teóricamente mejorará la competitividad de los granos y subproductos argentinos en los mercados de destino internacionales.
• El resguardo jurídico que otorga la culminación del proceso licitatorio sin la presentación de impugnaciones formales por parte de los restantes oferentes internacionales que retiraron pliegos en las fases preliminares.
• La transferencia absoluta del riesgo empresario al operador privado, eximiendo al Estado nacional de realizar erogaciones presupuestarias directas para el mantenimiento del calado de la vía navegable.

Magnitud de las transferencias financieras y los plazos de amortización del capital invertido

A pesar de las premisas de desregulación y contracción del gasto que guían la política macroeconómica general, las planillas de proyección anexas a la resolución de la Anpyn ponen de manifiesto el volumen financiero que administrará el holding adjudicatario. El diseño de la concesión establece un modelo de cobro directo de peajes a las navieras basado en las toneladas de registro neto de cada embarcación, configurando una de las fuentes de recaudación en divisas más estables de la economía local.

El flujo de caja y la estructura de rentabilidad pautada se organizan bajo las siguientes proyecciones oficiales:

• Un nivel de facturación anual bruta estimado en una media de USD 628 millones de dólares, derivado del tránsito constante por el río Paraná, canal por donde se moviliza aproximadamente el 80% del comercio exterior del país.
• Un volumen de ingresos acumulados que superará la barrera de los USD 15.700 millones de dólares durante la vigencia total de la relación contractual de un cuarto de siglo.
• Un cronograma de amortización acelerada que faculta al consorcio privado a recuperar la totalidad de las inversiones en bienes de capital e infraestructura de dragas durante los primeros siete años de operación, asegurando el inicio del período de máxima utilidad neta a partir del año dieciséis de vigencia.

La firma del acta de transferencia definitiva de los servicios y el traspaso del control de los sistemas de posicionamiento satelital y balizamiento lumínico se completará en un plazo no mayor a los veinte días, formalizando el inicio de la nueva etapa de gestión privada de la principal ruta de salida de las exportaciones nacionales.