La Casa Rosada analiza si el exjefe de Gabinete mantendrá la titularidad de la Acción de Oro en la petrolera estatal o si será desplazado del cuerpo corporativo

La Casa Rosada analiza si el exjefe de Gabinete mantendrá la titularidad de la Acción de Oro en la petrolera estatal o si será desplazado del cuerpo corporativo

La renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete de Ministros abrió un nuevo foco de debate institucional centrado en la reconfiguración de la representación del Estado nacional dentro del directorio de YPF S.A. El exfuncionario ejerce actualmente la función de Director Titular Clase A, una posición estratégica que administra la denominada «Acción de Oro» (Golden Share), el instrumento jurídico que le otorga al Poder Ejecutivo la facultad regulatoria de vetar decisiones de alto impacto en la política energética de la compañía de bandera.

La resolución sobre su continuidad en la firma hidrocarburífera posee implicancias políticas y financieras de magnitud, dado que los honorarios mensuales asignados por la asamblea de accionistas para los directores se sitúan en torno a los $80 millones. Si bien durante su desempeño ministerial Adorni había declinado la percepción de estos emolumentos corporativos para ajustarse a los haberes del sector público —siguiendo la línea administrativa de sus predecesores Nicolás Posse y Guillermo Francos—, el cese de sus funciones en la Jefatura de Gabinete habilita el análisis técnico sobre el destino final de su posición en la estructura societaria.

Las alternativas de reordenamiento bajo el antecedente de Guillermo Francos y el posicionamiento del management técnico de la petrolera ante el avance de las causas judiciales se detallan a continuación.

Las opciones de reconfiguración societaria y el precedente inmediato en el directorio

El entorno del presidente Javier Milei evalúa dos alternativas principales para resolver la titularidad de la Clase A sin romper de forma definitiva los lazos con el exvocero presidencial. La primera de ellas contempla la aplicación del esquema instrumentado tras el desplazamiento de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete:

  • La cesión de la silla Clase A al funcionario que asuma formalmente la Jefatura de Gabinete de Ministros, garantizando que el control político de la «Acción de Oro» permanezca alineado con la conducción diaria del Poder Ejecutivo.
  • El traspaso de Manuel Adorni a una vocalía o dirección de carácter secundario dentro de otra categoría del Directorio, replicando el reacomodamiento jerárquico que en su momento ocupó la vacante de José Rolandi en el organigrama de la firma.

La opción contrapuesta, promovida por los sectores internos que expandieron su influencia tras las recientes modificaciones de gabinete, promueve el desplazamiento absoluto del exfuncionario del universo corporativo de YPF. Este diseño técnico es considerado por los analistas del sector energético como el termómetro definitivo para mensurar el grado de respaldo político que el primer mandatario conserva hacia la figura de su antiguo portavoz.

El blindaje corporativo de YPF y las definiciones del presidente y CEO Horacio Marín

El debate sobre la permanencia de Adorni coincide con la intensificación de las medidas de prueba dictadas por la Justicia Federal respecto al patrimonio del exfuncionario. Ante el impacto mediático de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, la conducción operativa de la compañía, encabezada por su presidente y CEO Horacio Marín, adoptó una postura de estricto blindaje institucional para preservar el valor de las acciones de la petrolera en los mercados internacionales.

Marín enfatizó que las contingencias procesales del exjefe de ministros pertenecen a la esfera estrictamente personal y no guardan vinculación con los procesos de toma de decisiones ni con la transparencia administrativa de YPF. El directivo técnico desmarcó a la conducción de la firma de cualquier iniciativa de remoción inmediata, delegando de manera exclusiva la responsabilidad política y legal del movimiento en Balcarce 50 al señalar que, en caso de consolidarse un dictamen judicial firme, la resolución de la vacancia deberá ser canalizada formalmente a través de las prerrogativas que posee el Poder Ejecutivo de la Nación.

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